Europol podría intercambiar datos personales sensibles de palestinos con la policía israelí, en un pacto que expertos advierten podría facilitar detenciones arbitrarias e incluso ataques letales.
Bruselas continúa negociando, en secreto y contra el criterio de sus propios juristas, un acuerdo de cooperación policial con Israel que permitiría a Europol —la agencia de policía de la Unión Europea— compartir datos personales sensibles con las autoridades israelíes. Una investigación de la ONG británica Statewatch, publicada a finales de julio de 2026 y recogida después por Novara Media, revela que la Comisión Europea ha seguido adelante con las negociaciones incluso durante el genocidio en Gaza, y pese a que el Servicio Jurídico del Consejo de la UE advirtió ya en 2022 de que el texto vulneraba el derecho europeo e internacional.
Qué datos estarían en juego
El acuerdo permitiría el intercambio de información como nombres, números de identificación, ubicaciones, datos genéticos y biométricos, así como detalles sobre las opiniones políticas, creencias religiosas y vida personal de las personas afectadas. Según Statewatch, el borrador del texto contempla explícitamente categorías como el origen étnico, la orientación sexual o la afiliación sindical.
La preocupación no se limita a los territorios ocupados: activistas y eurodiputados advierten de que la diáspora palestina en Europa, incluidos defensores de derechos humanos, podría verse expuesta a un mayor hostigamiento si sus datos llegan a manos de los servicios de seguridad israelíes.
El Derecho Europeo vulnerado
La cooperación entre Europol e Israel se remonta a 2005, cuando el Consejo designó a Israel como uno de los socios prioritarios de la agencia. En 2018 ambas partes firmaron un primer «acuerdo de trabajo» que permitía la cooperación operativa pero no el intercambio de datos personales. Para habilitar ese intercambio, la Comisión recibió el mandato de negociar un tratado internacional con mayores garantías y supervisión.
Sin embargo, entre 2018 y 2022 la Comisión negoció ese nuevo texto sin informar al grupo de trabajo del Consejo encargado de supervisar el proceso. Cuando el borrador llegó al Consejo en 2022, este pidió una evaluación jurídica que resultó demoledora: el dictamen, filtrado y consultado por Statewatch, concluyó que la Comisión había incorporado disposiciones contrarias al derecho de la UE y había incumplido su propio mandato de negociación.
La cláusula de los territorios ocupados
El punto más controvertido del borrador es una excepción que permitiría a las «autoridades competentes» israelíes -entre ellas la policía nacional y el Shin Bet, el servicio de seguridad interior- usar los datos recibidos de Europol en los territorios ocupados desde 1967 (Cisjordania, Jerusalén Este, los Altos del Golán y Gaza) en dos supuestos: para prevenir una «amenaza inminente a la vida» o para la prevención, investigación y persecución de delitos.
Los servicios jurídicos del Consejo consideraron que esa excepción sería la primera vez que un acuerdo internacional de la UE con Israel se aplicaría explícitamente a territorio ocupado, lo que entraría en conflicto con el derecho palestino a la autodeterminación y con el principio de la Convención de Viena de no perjudicar a terceros -en este caso, a la Autoridad Nacional Palestina. La Comisión intentó justificar la cláusula invocando la obligación de Israel, como potencia ocupante, de mantener el orden público en los territorios bajo su control; el Servicio Jurídico rechazó ese argumento por considerar que no habilita a terceros Estados a asistir a Israel en el cumplimiento de esa obligación si ello implica violar otras normas internacionales.
Esa lectura se ha visto reforzada por la opinión consultiva de julio de 2024 de la Corte Internacional de Justicia, que instó a Israel a poner fin «lo antes posible» a su presencia ilegal en los territorios palestinos ocupados y recordó que los Estados y organizaciones internacionales deben evitar acciones que ayuden a mantener esa situación.
«Como confiar a Hitler los datos de los judíos»
Varias voces consultadas por Statewatch y Novara Media alertan sobre el riesgo de que la información compartida termine utilizándose con fines letales. Eitan Diamond, responsable del Centro de Derecho Internacional Humanitario de Diakonia en Jerusalén, advirtió de que los datos transferidos «podrían usarse como inteligencia para respaldar decisiones de atacar y matar a palestinos», y que la UE correría el riesgo de contribuir a detenciones arbitrarias y a tratos inhumanos en condiciones carcelarias que él mismo califica de infernales.
El abogado palestino Raji Sourani, fundador del Centro Palestino de Derechos Humanos, detenido por Israel en los años 80 y obligado a huir de Gaza en 2024, fue tajante al describir el acuerdo como parte de una «mentalidad colonial racista» europea, y lo comparó con confiar a Hitler los datos de la población judía.
El relator especial de Naciones Unidas Ben Saul apuntó además a las dudas sobre el marco israelí de protección de datos, señalando problemas de discriminación en la aplicación de la ley, la falta de independencia judicial respecto a la ocupación y el uso de inteligencia artificial en la recopilación de datos y en el llamado «targeting» militar.
Una autoridad de protección de datos bajo sospecha
Uno de los requisitos que exige el Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) para este tipo de acuerdos es la existencia de una autoridad de control verdaderamente independiente. Sin embargo, la autoridad israelí de protección de datos -la Privacy Protection Authority- depende del Ministerio de Justicia, su dirección es nombrada por el Gobierno y existen dudas sobre su capacidad real de supervisión sobre organismos de inteligencia como el Shin Bet.
El jurista Douwe Korff, de la Universidad de Oxford, fue especialmente crítico al señalar que las agencias de seguridad israelíes pueden interceptar y rastrear datos sin la supervisión que exigen las normas europeas, y advirtió sobre el riesgo de compartir información sensible con un Estado acusado de cometer asesinatos selectivos contra menores, cooperantes y periodistas, y señalado por genocidio y otros crímenes de guerra.
La respuesta de las instituciones
Preguntada por Statewatch, la Comisión Europea se limitó a señalar que busca que sus acuerdos con terceros países incluyan garantías de protección de datos y derechos fundamentales, entre ellas restricciones al uso de la información en relación con la pena de muerte. La institución se negó a comentar el contenido de las reuniones mantenidas con diplomáticos israelíes, entre ellas al menos siete encuentros entre 2023 y enero de 2026, uno de ellos con el entonces ministro de Exteriores israelí, Eli Cohen.
Por su parte, el Consejo de la UE confirmó que el mandato negociador aprobado en 2018 «no ha sido modificado y sigue vigente», pese a las recomendaciones de su propio Servicio Jurídico. A finales de julio, 27 eurodiputados presentaron una pregunta escrita a la Comisión reclamando explicaciones sobre el estado de las negociaciones y los riesgos para los derechos humanos.
El eurodiputado verde francés Mounir Satouri denunció lo que calificó de «doble escándalo»: que la Comisión negociara con Israel mientras se documentaban graves violaciones del derecho humanitario en Gaza, y que lo hiciera en secreto, sin control del Parlamento Europeo. Reclamó la suspensión inmediata de las negociaciones. En términos similares se pronunció la eurodiputada socialista española Hana Muro Jalloul, para quien la seguridad «no exime de cumplir la ley».
Aunque el acuerdo formal sigue sin firmarse, la cooperación de facto entre Europol e Israel no se ha detenido. Documentos obtenidos por Statewatch muestran que Europol recibió delegaciones israelíes, incluidos representantes de la policía nacional, en al menos cuatro ocasiones entre agosto de 2024 y marzo de 2026, encuentros que culminaron con la visita del embajador de Israel en los Países Bajos a la sede de la agencia. Pese a ello, el responsable de derechos fundamentales de Europol -un cargo creado en 2022- reconoció que hasta ahora no ha evaluado el respeto de los derechos fundamentales en la cooperación de la agencia con Israel.
