El asfalto de Ibiza, acostumbrado al rugir de deportivos y al desfile de fortunas silenciosas, se convirtió el pasado sábado en el escenario de un operativo policial digno de un thriller geopolítico. James Cox «Fergie» Chambers Jr., una de las figuras más emblemáticas de la izquierda estadounidense, fue interceptado y detenido por la Policía Nacional mientras circulaba en su vehículo por la isla.
Desde entonces, Fergie» Chambers, nieto de una de las mayores fortunas de EEUU, permanece en prisión provisional en la isla balear a la espera de que la justicia española resuelva su extradición, pedida por Washington en medio de la ofensiva de la Administración Trump contra el movimiento propalestino.
Fergie es nieto de James M. Cox, fundador de Cox Enterprises, un coloso de las telecomunicaciones y los medios de comunicación que factura más de 23.000 millones de dólares anuales. Su padre es copropietario del equipo de la NBA Atlanta Hawks. De manera directa, Fergie heredó el 17% de las acciones del holding familiar, amasando una fortuna personal estimada por Forbes en unos 6.000 millones de dólares.
Desde el sábado pasado, una celda de la cárcel de Ibiza aloja a un hombre cuya biografía parece escrita para la contradicción: heredero de una de las diez fortunas más grandes de Estados Unidos y, al mismo tiempo, comunista declarado, financiador de cooperativas alternativas y aliado económico de las protestas propalestinas en EEUU y a nivel internacional.
Tras el arresto, la jueza de guardia ordenó su ingreso en prisión mientras se tramita el proceso de extradición. Oficialmente, Washington no ha hecho públicos los cargos. Extraoficialmente, la prensa balear apunta a una sospecha que las autoridades estadounidenses no han acreditado ante ningún tribunal: que Chambers habría apoyado económicamente a Hamás y a otras organizaciones propalestinas. Su caso se sigue ya con atención a ambos lados del Atlántico, como un termómetro de hasta dónde está dispuesta a llegar la Casa Blanca en su cruzada contra quienes denuncian el genocidio en Gaza.
De Brooklyn a la teoría marxista
Nada en su origen anticipaba este desenlace. Chambers nació en el seno de la familia propietaria de Cox Enterprises, el gigante mediático que sitúa a los suyos entre las diez mayores fortunas del país. Creció, sin embargo, en Brooklyn junto a su madre tras el divorcio de sus padres, lejos del brillo corporativo. Él mismo ha contado que su politización arrancó a los 12 años, cuando un profesor le acercó lecturas políticas -entre ellas, la celebre libro de Howard Zinn, «A People’s History of the United States (publicado en español, como «La Otra historia de EEUU»)- que terminarían por marcar el resto de su vida.
Desde principios de la década de 2000, el hoy detenido ha destinado buena parte de su fortuna a financiar causas de izquierda: fianzas, honorarios de abogados para activistas detenidos y la creación del Colectivo Babochki («mariposa», en ruso), una plataforma de ayudas cuyos propios miembros han actuado como sus asesores ideológicos.
De Ferguson a las cooperativas
Su activismo callejero se remonta a 2014, cuando participó en las protestas de Atlanta tras la muerte de Michael Brown a manos de la policía en Ferguson. Tres años después estuvo en Standing Rock, junto a la resistencia indígena que se opuso al oleoducto Dakota Access. Cuando aquel campamento fue desalojado, Chambers compró terreno en Georgia y levantó allí una cooperativa que llegó a albergar a más de una docena de personas -muchas veteranas de esas mismas protestas- a cambio de un estipendio mensual, trabajo en la finca y participación en grupos de estudio político.
El proyecto se repitió, ampliado, en Massachusetts. Allí fundó los Berkshire Communists, un colectivo que se reivindica marxista-leninista, y adquirió más de 65 acres en la localidad de Alford para construir un proyecto residencial colectivo y un centro comunitario, el Berkshire People’s Gym, con acceso vetado a «caseros y capitalistas». Cualquiera que se declarase comunista podía vivir allí sin pagar, a cambio de tareas de mantenimiento y estudio de teoría política. Las autoridades locales clausuraron el gimnasio en enero de 2024 alegando infracciones urbanísticas, apenas semanas después de que Chambers participara en una sonada acción de protesta. Esa comuna quedó retratada en el documental All About the Money (2026), de la directora Sinead O’Shea, que le siguió durante dos años.
Palestina y ruptura con el imperio familiar
El punto de inflexión llegó tras octubre de 2023. Aquel otoño, Chambers participó en acciones directas contra oficinas del contratista armamentístico israelí Elbit Systems en Cambridge y Merrimack -en esta última, los manifestantes bloquearon accesos, lanzaron pintura y rompieron ventanas, y ocho personas fueron detenidas-. Chambers pagó 50.000 dólares para sacar bajo fianza a tres de ellas.
También ha financiado a Stop Cop City, el movimiento que se opone al gigantesco centro de entrenamiento policial de Atlanta, sufragando fianzas y defensa legal de los detenidos. La implicación de su propia familia en ese proyecto -Cox Enterprises invirtió 10 millones de dólares en él- precipitó su ruptura definitiva con el conglomerado: en cuanto lo supo, Chambers vendió todas sus acciones y rompió lazos con su familia.
Su rastro se extiende también fuera de Estados Unidos. En 2022, residiendo en Europa, viajó a la región del Donbás durante la guerra en el este de Ucrania. Y ha reivindicado ser fundador de Vox Ummah, un medio con sede en Egipto que, según el Network Contagion Research Institute, mantiene vínculos con el canal estatal iraní Press TV, la United National Antiwar Coalition y el Workers World Party.
Ese perfil -el del heredero que renunció a su clase para financiar la izquierda revolucionaria y la causa palestina- es hoy el centro de un proceso de extradición cuyo desenlace se espera con la vista puesta en Madrid, Washington y Atlanta a partes iguales.
Sobre él pesaba una orden internacional de detención emitida por la administración de Donald Trump. Por el momento, no han trascendido los delitos que se le atribuyen aunque diversas fuentes han señalado que Fergie Cox Chambers podría estar bajo la mira de la Administración Trump por su apoyo a la causa palestina. La fiscalía de EEUU podría imputarle unas acusaciones que podría acarrearle hasta 30 años de prisión en su país de origen.
Reacciones políticas
La detención ha desatado de inmediato una tormenta política en España. El mismo día de la detención, Podemos Islas Baleares ha reclamado que se rechace esta petición de extradición de Chambers a EEUU, al considerar que la orden responde a una persecución política.
La coordinadora autonómica del partido, Lucía Muñoz, ha acusado a la administración de Donald Trump de intentar «extender más allá de sus fronteras la persecución contra quienes denuncian el genocidio en Gaza y apoyan la causa palestina». Asimismo, Muñoz ha defendido que España «no puede ser cómplice» y ha subrayado que cualquier decisión judicial «debe estar plenamente garantizada» por el respeto a los derechos humanos, sin utilizarse para «reprimir el activismo o la solidaridad internacional».
Muñoz ha defendido que «la solidaridad no es un delito» y advierte que «cada vez son más» los intentos de equiparar la defensa de Palestina con una «actividad criminal». La formación morada también ha alertado de que una eventual extradición podría sentar un precedente «gravísimo» y «muy peligroso» para los derechos y libertades democráticas.
Asimismo, figuras como Irene Montero y Pablo Iglesias han exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que deniegue la extradición y le otorgue asilo político, denunciando el arresto como una «persecución política» de la Casa Blanca contra quienes denuncian la situación en Gaza. En la misma línea, el diputado de Izquierda Unida y portavoz de Sumar, Enrique Santiago, ha exigido al Gobierno que niegue su extradición a Estados Unidos.
Enrique Santiago, en concreto, advierte de que la solicitud de extradición de Chambers “puede responder a motivaciones políticas relacionadas con su apoyo a la causa palestina y una eventual extradición supondría un peligroso precedente de cara a cualquier ejercicio de las libertades de expresión, asociación y participación política”.
| Comunicado de la Red Solidaria Contra la Ocupación y la Colonización de Palestina (RESCOP) El próximo 16 de julio, la justicia española decidirá sobre el recurso presentado por James «Fergie» Cox Chambers, filántropo y reconocido defensor de los derechos del pueblo palestino, detenido en Ibiza a petición del Departamento de Justicia de la administración Trump con el objetivo de extraditarlo a Estados Unidos. Se le pretenden imputar cargos federales que podrían conllevar una pena de hasta 30 años de prisión. Esta extradición supondría un precedente extremadamente peligroso. Sería el primer caso en el que una persona es reclamada desde España por Estados Unidos por su apoyo a la causa palestina, abriendo la puerta a la persecución internacional del movimiento de solidaridad con Palestina. Fergie Cox Chambers ha destinado gran parte de su patrimonio a financiar proyectos humanitarios en Gaza y a apoyar iniciativas sociales y medios de comunicación comprometidos con los derechos del pueblo palestino. Sin embargo, se enfrenta ahora a una acusación que su entorno considera infundada y motivada políticamente, en el marco de la creciente ofensiva de la administración Trump contra quienes denuncian el genocidio en Gaza y defienden los derechos del pueblo palestino. Si es extraditado a Estados Unidos hay riesgo fundado de que no sean respetados sus derechos y pueda sufrir condiciones de detención que incluyan torturas y malos tratos como la reclusión prolongada en solitario. Hacemos un llamamiento a representantes políticos, juristas, organizaciones sociales y a toda la sociedad civil comprometida con los derechos humanos para que se movilicen y exijan que España diga NO a esta extradición. Permitir esta extradición marcaría un precedente muy peligroso, no solo para la libertad de expresión y la solidaridad internacional, sino también para la capacidad de un gobierno extranjero de extender la represión contra el movimiento propalestino más allá de sus fronteras. Trump está usando una vez más esta demanda de extradición como una forma de castigar al pueblo palestino, y por ende, aquellos que le apoyan. El delito es apoyar el genocidio, no apoyar a quiénes tratan de combatirlo. ¡Viva Palestina libre!» Red Solidaria Contra la Ocupación y la Colonización de Palestina |
