Sindicatos de inquilinas y colectivos vecinales han convocado concentraciones en al menos una decena de ciudades del país tras el desalojo de la mujer de 87 años en Madrid, mientras crece la presión sobre el Gobierno para aprobar el decreto de vivienda
El desahucio de Maricarmen Abascal, una vecina de 87 años del barrio madrileño de Retiro desalojada tras siete horas de intervención policial el pasado 23 de septiembre, ha encendido una ola de movilizaciones que ha recorrido buena parte del Estado español, con especial intensidad en Andalucía. Sindicatos de inquilinas, asambleas por la vivienda y colectivos vecinales han tomado las calles de al menos trece ciudades españolas para exigir el fin de los desahucios y la aprobación urgente de un decreto de vivienda que el Gobierno mantiene bloqueado desde julio.
Maricarmen, que llevaba siete décadas viviendo en el mismo piso y presenta un 50% de discapacidad, resistió hasta cuatro intentos de desalojo por parte del fondo Urbagestión, propietario del inmueble. Ni la movilización vecinal ni la petición de medidas cautelares del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU lograron frenar el desahucio, que terminó con la mujer trasladada al hospital por un cuadro de ansiedad y agotamiento severo.
Más de 5000 personas en Granada
La comunidad andaluza se sumó de forma inmediata a la contestación social. Los sindicatos de Inquilinas de Sevilla, Málaga y Cádiz convocaron concentraciones de urgencia el mismo miércoles del desahucio, mientras que Huelva y Granada se movilizaron al día siguiente. Córdoba, por su parte, tiene prevista una protesta convocada por Stop Desahucios para el lunes 28 de septiembre.
En Sevilla, cerca de 1000 personas se concentraron frente a la Subdelegación del Gobierno antes de desplazarse pacíficamente hasta la plaza de San Francisco, donde representantes del Sindicato de Inquilinas y de la Asamblea de la Vivienda denunciaron la escalada de los precios del alquiler y la insuficiencia de la legislación vigente.
En Málaga, la protesta reunió a colectivos como Un Techo por Derecho, cuya portavoz cuestionó con dureza la actuación policial registrada durante las movilizaciones de Madrid y vinculó el caso de Maricarmen con otras mujeres desahuciadas en la ciudad en los últimos años.
Granada vivió una de las movilizaciones más numerosas de la comunidad: más de 5000 personas, según los organizadores, marcharon desde la Subdelegación del Gobierno hasta la Plaza del Ayuntamiento, convocadas por Stop Desahucios Granada y el Sindicato de Vivienda, que denunciaron también el impacto de la expansión de los pisos turísticos en el centro de la ciudad. En Huelva, la concentración se celebró frente a la Subdelegación del Gobierno.
Pancartas y lemas como «Por todas las Maricarmen» o «Hoy es Maricarmen, mañana puedes ser tú» se repitieron en las distintas citas andaluzas, convertidas en símbolo de un malestar que, según los colectivos convocantes, trasciende el caso individual y apunta a una crisis habitacional de fondo.
Manifestaciones en decenas de ciudades
El fenómeno no se limitó a Andalucía. En Madrid, tras conocerse la salida de Maricarmen hacia el hospital, el Sindicato de Inquilinas convocó una concentración frente a una vivienda vinculada a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, a la que acudieron más de 10.000 personas en una jornada tensa marcada por el uso de pelotas de goma por parte de los antidisturbios y una detención. Para este sábado está prevista otra manifestación en la Puerta del Sol que culminará frente al Congreso de los Diputados, con la exigencia central de sacar adelante el llamado «Decreto Maricarmen».
En Barcelona, el Sindicat de Llogateres se concentró frente a la Delegación del Gobierno en Cataluña bajo el lema «Maricarmen no está sola», recordando además otros dos desahucios recientes de mujeres vulnerables en la región. Actos similares se registraron en Valladolid, Alacant y Oviedo, y en Canarias unas setenta organizaciones sociales se movilizaron para reclamar un plan de emergencia habitacional, logrando paralizar el desahucio de una mujer de 54 años con cáncer terminal en Granadilla de Abona.
Presión política sobre el Gobierno
La movilización social ha reactivado la presión sobre el Ejecutivo para desbloquear el decreto de vivienda pendiente desde julio, que el Ministerio de Vivienda espera poder debatir el próximo martes en el Consejo de Ministros. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, reclamó su aprobación inmediata, mientras que desde Junts, su portavoz en el Congreso pidió buscar un «mínimo común denominador» entre las fuerzas parlamentarias. El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, señaló que el caso evidencia «deficiencias» en la protección de personas vulnerables que deberían corregirse cuanto antes.
44 desahucios diarios y la gente ha dicho…. basta!
El caso de Maricarmen se produce en un contexto de desahucios constantes en España: según datos del Consejo General del Poder Judicial correspondientes al primer trimestre de 2026, se ejecutan una media de 44 lanzamientos diarios, y en 2025 se registraron 24.540, el 75% de ellos por impago del alquiler.
| Urbagestión retrocede Un acontecimiento nuevo surge tras el controvertido desalojo de Maricarmen. Urbagestión Desarrollo e Inversión, la compañía inmobiliaria que sacó de su hogar a esta mujer de 87 años, presuntamente ha sugerido al Ayuntamiento de Madrid integrar en el programa Reviva la casa donde la señora ha residido durante setenta años, situada en la calle del Alcalde Sainz de Baranda, número 46. Esto es lo que comunican en un informe, donde esta sociedad de responsabilidad limitada manifiesta su deseo de que Maricarmen pueda retornar a esa morada bajo un alquiler «fijo y razonable». En el documento de Urbagestión, declaran que aunque el piso no se encuentra a la venta, se había puesto a disposición de la Empresa Municipal de Vivienda Suelo (EMVS), así como de Servicios Sociales del municipio, con el fin de hallar soluciones y «resolver la propuesta lo más rápido posible». Horas después, EMVS confirmó haber recibido la oferta, informando que, después de evaluarla, «se ha decidido que no es viable en las condiciones presentadas, dado que la inclusión de la vivienda en el Programa ReViVa no cumple con los requisitos legales estipulados en las reglas de dicho programa, ni en otros programas de adquisición de viviendas». «Dada la nueva actitud mostrada en su escrito por Urbagestión, el Ayuntamiento de Madrid ha ofrecido a los representantes de Maricarmen el Servicio de Mediación de Alquiler de EMVS Madrid. Estos representantes han acordado asistir a una reunión el próximo lunes 28 de septiembre a las 16:00 horas con los dueños de la casa y con la ayuda de los profesionales de la empresa municipal. A su vez, indican que «el ayuntamiento, a través de sus Servicios Sociales, le ha proporcionado asistencia telefónica, ayuda en el hogar, terapia ocupacional, además de ofrecerle un lugar para vivir en una residencia municipal sin costo alguno». En el comunicado de Urbagestión se menciona que «la casa no está en venta» y que «la solución que la empresa ha decidido promover es la propuesta que presenta hoy al Ayuntamiento mediante el programa Reviva o la alternativa que el Ayuntamiento o, en su caso, otras Administraciones Públicas consideren más viable». Urbagestión, afirman, «no es la dueña del edificio de la calle Alcalde Sainz de Baranda 46», sino que «compró a la anterior dueña del edificio únicamente la casa que ocupaba la señora Abascal, siendo esta la única vivienda que Urbagestión posee». «Esta información se puede verificar en el Registro de la Propiedad», aseguran. Paralelamente, ni el Sindicato de Inquilinas ni el entorno de Maricarmen o su propia abogada habrían recibido noticias sobre esta iniciativa. Vicente, el primo de Maricarmen, ha manifestado en Más Vale Tarde que se enteró de la supuesta propuesta por medio de una periodista: «No sabía nada. No puedo opinar porque me enteré al llegar a la puerta del Gregorio Marañón». Lo que me gustaría recalcar es que Urbagestión ha recibido propuestas durante los meses pasados para comprarles el piso y la compañía no ha comunicado ni ha querido entablar ninguna plática. Habrá una razón que desconozco por la cual Urbagestión actualmente ha fijado esta táctica», comenta Vicente. En esta misma comunicación, la empresa indica que «un tema de la compañía ha llegado a impactar» las vidas privadas de ciertos empleados, quienes «no tienen ninguna responsabilidad en las resoluciones de la junta directiva». «La compañía solicita acatamiento a las leyes existentes y que se detengan las intimidaciones y presiones hacia los empleados de la compañía. Urbagestión afirma de nuevo que no es una compañía de inversiones, sino una empresa pequeña de Madrid, y que ha actuado siempre bajo el amparo de la ley vigente, con protección judicial y respetando las decisiones de los juzgados», declara. Cuatro intentos de desalojo Maricarmen tenía 17 años cuando pisó por primera vez aquel hogar. Este miércoles, luego de cuatro intentos de desalojo, tuvo que salir por la puerta con una certeza que jamás imaginó: ese hogar ya no le pertenecía. La historia comenzó mucho tiempo atrás. En 1956, su papá firmó un contrato de alquiler de renta antigua. Su mamá ni siquiera figuraba en él. En aquel momento, explica el abogado Javier Rubio, de CAES Abogados, las mujeres no poseían los mismos derechos para aparecer en este tipo de acuerdos. Cuando su papá falleció, la mamá de Maricarmen se hizo cargo del alquiler. Vivió allí hasta que murió, en 2005. Luego llegó el turno de su hija. Pero la ley tenía un límite. «Al morir el padre, se hizo cargo su madre, quien murió en el año 2005. A partir de entonces, ella ya no podía continuar haciéndose cargo por más de dos años, pues se la consideraba una segunda subrogación», detalla Rubio. Por muchos años, nada varió. Los dueños se sucedieron y Maricarmen continuó residiendo en la casa. Hasta que en 2018 el inmueble fue adquirido por Renta Corporación. Entonces llegó una propuesta que para ella era inalcanzable: más de 200.000 euros para conservar el piso. «Sabían desde el principio que yo esas sumas no podía pagarlas», expresa Maricarmen. En 2020, el edificio cambió de dueños nuevamente. Lo compró Urbagestión y, con el nuevo propietario, llegó otro aumento: el arriendo se multiplicó por tres. Maricarmen tampoco pudo usar su discapacidad para impedir la pérdida del hogar. Tiene una discapacidad reconocida del 50%, pero la ley establece, en ciertos casos, un nivel superior. «La excepción requerida para que tenga carácter permanente, considerando que es hija y no cónyuge, es una discapacidad mayor al 65%. En este caso no se cumple porque tiene solo el 50%», aclara Azucena Martín, de Asoban Asociados. El problema terminó en los tribunales. También llegó a la Corte Suprema, que finalmente falló a favor del propietario. |
