España afronta una de las temporadas de incendios forestales más destructivas de su historia reciente. Según datos provisionales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), la superficie quemada en el país supera ya las 125.900 hectáreas entre el 1 de enero y el 25 de julio, frente a poco más de 24.000 hectáreas en el mismo periodo de 2025: más de cinco veces más. El propio ministerio ha contabilizado 32 grandes incendios forestales en lo que va de año, cuando la media de la última década en las mismas fechas era de nueve.
El Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS) sitúa a España, con más de 120.000 hectáreas quemadas, muy por delante de Italia (48.000) y Francia (46.000), lo que convierte a España en el país de la Unión Europea con más superficie forestal calcinada este año. El repunte ha sido especialmente brusco en las últimas semanas: entre el 9 y el 15 de julio ardieron 23.249 hectáreas y, entre el 16 y el 22 de julio, otras 43.337, el peor dato semanal del año, impulsado sobre todo por el incendio de La Mierla, en Guadalajara, que ha arrasado más de 32.000 hectáreas antes de entrar en fase de estabilización.
A ese fuego se suman otros que han marcado el verano: el de Cinco Villas, en Zaragoza (ya extinguido, más de 15.000 hectáreas), y el de Los Gallardos, en Almería, con unas 7.000 hectáreas quemadas y 13 fallecidos, lo que lo convierte en el tercer incendio con más víctimas mortales de la historia de España. Buena parte de las víctimas eran personas extranjeras jubiladas que residían en viviendas aisladas y murieron atrapadas en sus vehículos o huyendo a pie por caminos sin salida, en una zona de matorral y topografía escarpada de difícil acceso.
Madrid y Ávila, epicentro de la emergencia nacional
El foco de la crisis se ha desplazado en los últimos días al centro de la península. El Ministerio del Interior, con Fernando Grande-Marlaska al frente, declaró el 23 de julio la emergencia de interés nacional -situación operativa 3 del Plan Infoma- para la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila, lo que implica que el Gobierno central asume la coordinación de todos los recursos estatales, autonómicos y locales. La declaración se amplió después a la provincia de Toledo.
Los incendios que afectan al suroeste de Madrid -con frentes en Almorox, Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias- y al este de Ávila -con el fuego de Burgohondo como principal foco de preocupación- han obligado a evacuar o confinar a decenas de miles de personas. Las cifras han ido creciendo hora a hora: de los cerca de 11.500 desalojados que se contabilizaban al inicio de la emergencia se pasó a más de 60.000 y, según las coberturas más recientes, a cifras próximas a las 90.000 personas evacuadas o confinadas entre ambos territorios, con más de 45.000 hectáreas calcinadas solo en ese entorno. En Ávila, el desalojo de Burgohondo afectó especialmente a zonas de turismo rural y urbanizaciones de El Tiemblo; en Castilla y León se han contabilizado hasta siete incendios activos simultáneos, incluido el de Murias de Paredes, en León.
El viento ha sido el enemigo constante de los equipos de extinción, con rachas de hasta 40-90 kilómetros por hora que han hecho viajar pavesas -fragmentos incandescentes de vegetación- a larga distancia y han obligado a evacuaciones preventivas en municipios del Alto Tiétar, cerca ya del límite con la Comunidad de Madrid. El dispositivo de emergencia combina bomberos de distintas administraciones, agentes forestales, la Unidad Militar de Emergencias (UME), Guardia Civil y Protección Civil, reforzado con contingentes llegados de diferentes comunidades, así como como aviones contraincendios de Grecia e Italia. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha pedido a la población de Madrid extremar precauciones ante una calidad del aire muy por encima de los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud, con recomendaciones de usar mascarillas FFP2 y evitar el ejercicio al aire libre. El humo y las alarmas antiincendios activadas en edificios de la capital han sido otro síntoma de una crisis que ya no se limita al monte.
Por qué arde España: calor extremo y vegetación seca
Los especialistas coinciden en que no existe una causa única detrás de este repunte, sino la combinación de varios factores que se refuerzan entre sí. Un invierno y una primavera lluviosos en gran parte de la península permitieron un fuerte crecimiento de la vegetación, que después se ha secado con rapidez debido a un verano extremadamente cálido. Las olas de calor extremas y extensas actúan como activadoras directas de los grandes fuegos, y advierte de que, mientras no llueva, el combustible disponible seguirá empeorando su condición durante el resto del verano.
Esta lectura coincide con la que ofrece la comunidad científica internacional desde hace tiempo. Un estudio con participación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que revisó cerca de 500 trabajos previos junto a observaciones satelitales y modelos climáticos, concluyó que el riesgo climático de incendios forestales aumenta en todo el planeta por el calentamiento global. La investigadora del CSIC Cristina Santín señalaba que los paisajes secos y calurosos son cada vez más frecuentes y más propensos a arder con severidad, lo que dispara el riesgo de los llamados megaincendios o incendios de sexta generación, y que el número de días con riesgo extremo se ha duplicado en la cuenca mediterránea en las últimas cuatro décadas. El estudio matiza, eso sí, que el aumento del riesgo climático no siempre se traduce automáticamente en más superficie quemada, porque las políticas de extinción y los cambios en el uso del suelo también influyen, aunque advierte de que una supresión de incendios muy eficaz puede acumular combustible vegetal y elevar el riesgo a medio plazo.
Un modelo de gestión que hace aguas
Ese diagnóstico enlaza con la reflexión que las economistas María-Luisa Chas-Amil (Universidad de Santiago de Compostela) y Julia María Touza (Universidad de York) plantean a raíz del desastre de Los Gallardos. Ambas sostienen que el paradigma dominante en la gestión del riesgo de incendios, centrado en la extinción y la resistencia, resulta ya insuficiente frente a un fenómeno que cambia de naturaleza: crecen los incendios de gran poder destructivo, se expande la vivienda en la interfaz urbano-forestal y aumenta el riesgo en paisajes de matorral y pastizal que tradicionalmente no se asociaban al fuego, lo que deja expuestas a comunidades poco entrenadas para reaccionar.
Frente a una respuesta política que actúa solo cuando el desastre ya ha ocurrido, las autoras proponen ocho líneas de actuación: gestionar la vulnerabilidad social de las poblaciones más expuestas (personas mayores, viviendas aisladas, negocios locales); incorporar soluciones basadas en la naturaleza, como el pastoreo controlado o los cortafuegos verdes; actualizar y practicar de verdad los planes de emergencia municipales, con simulacros y protocolos claros para diferenciar confinamiento de evacuación; fomentar la cohesión y la participación ciudadana en el diseño de esos planes; avanzar hacia una gobernanza integrada entre administraciones, más allá de los servicios forestales; cambiar los incentivos económicos para que la autoprotección sea la opción más fácil; mejorar los sistemas de monitorización mediante satélites y modelos predictivos; y canalizar la inversión pública y privada, incluidos instrumentos como los seguros climáticos, hacia la resiliencia del territorio.
Las consecuencias del cambio climático aceleran la propagación de las llamas
La magnitud de la crisis ha reavivado de inmediato el choque político. El partido Vox, con Santiago Abascal a la cabeza, ha rechazado públicamente que el cambio climático sea la causa de los incendios y ha atribuido su gravedad a la falta de limpieza de los montes, la burocracia, la «ideología» ecologista y el abandono del medio rural. «No es el cambio climático, es una ideología criminal, incompetencia y abandono», ha publicado la formación en sus redes sociales, acompañando el mensaje con imágenes de un monte en invierno y en llamas en verano bajo el lema de que si no se limpian los montes en la estación fría, arden en la cálida. Abascal ha cargado directamente contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha responsabilizado del que ha calificado como un nuevo «desastre nacional», mientras el portavoz de Vox, José Antonio Fúster, matizaba días antes que su partido no niega el cambio climático como fenómeno, sino la atribución de su origen a la acción humana, reivindicándose como «conservacionistas» frente al que llaman «fanatismo climático».
Frente a ese relato, el consenso científico -recogido tanto por el CSIC como por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)- sostiene que, si bien la chispa que origina cada incendio tiene siempre una causa puntual (negligencia, actividad agrícola, un rayo o la intencionalidad), es la combinación de calor extremo, sequía, viento y escasa humedad de la vegetación la que determina después la velocidad de propagación, la intensidad de las llamas y la capacidad real de los equipos de extinción para detenerlas, un patrón que los expertos identifican como parte de la tendencia climática de fondo antes descrita.
Prevención, prevención, prevención
Con la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) manteniendo el riesgo de incendio en nivel «muy alto» para Madrid y Ávila y sin lluvias a la vista, las autoridades confían en que un descenso puntual de las temperaturas y del viento abra una ventana de oportunidad para estabilizar los frentes más activos. El Gobierno, con Sánchez y la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso visitando el puesto de mando avanzado en Cenicientos, ha insistido en que la prioridad sigue siendo proteger a la población mientras persiste la incertidumbre entre miles de vecinos desplazados, muchos de ellos acogidos ya en pabellones municipales habilitados en localidades como Talavera de la Reina.
El balance provisional -más de 125.000 hectáreas quemadas, más de una decena de fallecidos entre distintos incendios y decenas de miles de evacuados solo en el entorno de Madrid y Ávila- confirma lo que investigadores y agencias científicas llevan meses advirtiendo: España no solo necesita seguir apagando fuegos, sino repensar de arriba abajo cómo previene, planifica y protege a su población frente a un riesgo que, con el cambio climático, ha dejado de ser estacional para convertirse en estructural.
