Este miércoles 19 de agosto, la Autoridad Palestina denunció un «implacable aumento de la violencia» por parte de colonos y militares israelíes en Cisjordania. Según un comunicado de la oficina del primer ministro palestino, Mohamad Mustafá, solo en la última semana se registraron al menos 457 ataques contra la población local, de los cuales unos 75 fueron dirigidos contra viviendas y estructuras palestinas. Horas después de esa condena, fuerzas israelíes llevaron a cabo redadas en varias localidades -especialmente en el campo de refugiados de Qalandia, entre Jerusalén y Ramala- que se saldaron con más de una decena de detenidos, entre ellos un periodista en Belén.
La denuncia no es un hecho aislado. Naciones Unidas viene alertando desde hace meses de una tendencia sostenida: la oficina de derechos humanos de la ONU (OHCHR) registró un promedio de unos 190 ataques de colonos al mes durante el primer cuatrimestre de 2026, una cifra que, de mantenerse, situaría el total anual por encima de los 2.000 incidentes. Casi 700 palestinos fueron desplazados de nueve comunidades por ataques de colonos solo en esos primeros cuatro meses del año. El Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina cifra en 87 los palestinos muertos en lo que va de 2026 a manos de colonos y soldados israelíes.
El asedio de Qusra, el episodio que lo destapó
El caso que más repercusión internacional ha tenido en las últimas semanas es el asedio a tres viviendas palestinas en las afueras de Qusra, una localidad al sur de Nablus. Desde el domingo 9 de agosto, decenas de colonos israelíes rodearon las casas -una de ellas propiedad de un ciudadano palestino-estadounidense residente en Ohio-, cortaron el suministro de agua y electricidad, lanzaron piedras e impidieron la entrada y salida de sus ocupantes durante días. Naciones Unidas advirtió que unas 15 personas, entre ellas dos menores, quedaron «atrapadas en sus hogares en un estado de terror».
Lo llamativo del episodio fue la reacción del propio Ejército israelí y de Washington. El ejército, pese a desplegar tropas y usar gas lacrimógeno, no logró desalojar a los colonos durante varios días; algunos soldados incluso fueron grabados orando junto a ellos, lo que llevó a las autoridades militares a anunciar medidas disciplinarias. El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee -un firme defensor histórico de los asentamientos-, calificó lo ocurrido como un «horrible acto de terror» y un «comportamiento canallesco sin excusa», y precisó que el Ejército israelí había intervenido a petición de Washington. Analistas y parlamentarios israelíes, incluida la diputada Aida Touma-Sliman, señalaron que los intentos del Gobierno de desmarcarse de la violencia resultan poco creíbles ante la incapacidad demostrada para frenar a un grupo reducido de colonos.
Qusra no es un caso puntual: según la oficina humanitaria de la ONU, esta localidad ha registrado más ataques de colonos que cualquier otra comunidad de Cisjordania en 2026. Un vecino de 25 años murió en marzo por disparos de un reservista israelí fuera de servicio, y otros ocho residentes han resultado heridos este año.
Jenin, Belén y el ciclo de violencia cruzada
Paralelamente al asedio de Qusra, el Ejército israelí mantiene operaciones militares en distintos puntos de Cisjordania: incursiones en el campo de refugiados de Yenín, asaltos a varias localidades en torno a Belén -incluido el campamento de Dheisheh- y controles reforzados que, según residentes, han multiplicado los tiempos de desplazamiento entre ciudades palestinas debido a puestos de control fijos y «controles volantes» improvisados, los famosos check-points.
Parte de la tensión actual se remonta a finales de julio, cuando un incidente en la aldea de Tel, cerca de Nablus, dejó cuatro palestinos y dos israelíes muertos. La versión oficial israelí sostiene que un grupo de excursionistas israelíes fue atacado por palestinos armados; organizaciones de derechos humanos palestinas, como Al-Haq, y medios como Al Jazeera han cuestionado esa versión a partir de testimonios e imágenes que apuntarían a un origen distinto del enfrentamiento. Ese episodio ha sido citado por autoridades israelíes como justificación para intensificar las operaciones militares, mientras organizaciones palestinas y observadores internacionales lo interpretan como el pretexto para una ofensiva ya en marcha.
Violencia en ascenso desde 2023
Los ataques de colonos contra palestinos y las operaciones militares israelíes en Cisjordania no son nuevos, pero se han intensificado de forma sostenida desde octubre de 2023, coincidiendo con el estallido del genocidio en Gaza. Según cifras de la ONU, los ataques de colonos pasaron de cifras muy inferiores antes de 2023 a 1.835 incidentes en 2025, y las autoridades palestinas contabilizan 1.476 ataques solo en lo que va de 2026. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) estima que, entre octubre de 2023 y julio de 2026, murieron al menos 1.182 palestinos en Cisjordania, 243 de ellos menores.
Varios factores estructurales explican esta escalada, según analistas y organizaciones de derechos humanos. La impunidad judicial es la principal causa. Según reportajes periodísticos, prácticamente ningún colono ha sido procesado por Israel en la última década por delitos contra civiles palestinos en Cisjordania. La ONG israelí Yesh Din señala que se ha difuminado la frontera entre fuerza de seguridad y población civil armada, debido a que el Ejército israelí incorporó a miles de colonos como reservistas encargados de la seguridad de sus propias comunidades.
A estos factores se une la expansión de los asentamientos. El Gobierno israelí ha seguido aprobando nuevos asentamientos y avanzando en proyectos como la urbanización de la zona E1, cerca de Jerusalén, que fragmentaría la continuidad territorial de un futuro Estado palestino. La Corte Internacional de Justicia dictaminó en 2024 que la ocupación israelí de los territorios palestinos -y, por tanto, los asentamientos- es ilegal conforme al derecho internacional; ese dictamen, de carácter consultivo, aún no ha tenido consecuencias prácticas.
A la espiral de violencia desatada contribuyen también las cada vez mayores restricciones a la movilidad de la población palestina. Cisjordania está sujeta a un entramado de controles, puestos militares y permisos que, según Naciones Unidas, están hoy «más restringidos que nunca», dificultando el acceso de la población palestina a servicios básicos y a una vida normalizada.
Coordinación entre ejército y colonos
La lectura de lo que ocurre en Cisjordania varía notablemente según la fuente. Las Autoridades palestinas y organismos de la ONU describen una política de facto de despojo y anexión silenciosa, en la que colonos y fuerzas de seguridad actúan de forma coordinada. En este marco, la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, ha pedido protección internacional para la población civil palestina.
La versión del ejército y el gobierno israelí es bien diferente. Sostienen que trabajan para mantener el orden público, atribuyen la violencia a «elementos radicales» ajenos a su control y afirman investigar los incidentes, incluidos los protagonizados por sus propios soldados. Un portavoz gubernamental calificó lo ocurrido en Qusra de «reprobable e inaceptable». Para Washington, tradicionalmente reacio a criticar públicamente la política de asentamientos, ha elevado el tono a través del embajador Huckabee, aunque medios como Arab News y Al Jazeera señalan que la Administración Trump ha evitado presionar de forma sistemática a Israel para procesar casos de violencia de colonos, incluidos algunos con víctimas de nacionalidad estadounidense.
Por qué importa
Más allá del recuento de incidentes, lo que está en juego es el futuro territorial de Cisjordania: si la combinación de violencia de colonos, expansión de asentamientos y restricciones militares continúa al ritmo actual, la viabilidad de un eventual Estado palestino contiguo se vería cada vez más comprometida. La comunidad internacional considera mayoritariamente ilegales los asentamientos israelíes en territorio ocupado, una postura respaldada por el dictamen de la Corte Internacional de Justicia de 2024, aunque sin mecanismos vinculantes que la hagan cumplir.
