Los sindicatos y las organizaciones de inquilinos convocan un paro de 24 horas contra el encarecimiento de los alquileres, la precariedad laboral y la especulación inmobiliaria
La crisis de la vivienda se situará en el centro de una huelga general de 24 horas convocada para el próximo miércoles 11 de noviembre. La movilización, impulsada por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, cuenta con el respaldo de CCOO, UGT, CGT, CNT, ELA, LAB, CIG, Intersindical, Co.Bas, SAT y Solidaridad Obrera, entre otras organizaciones.
El paro tendrá lugar apenas 18 días antes de las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre, en un escenario marcado por el rechazo parlamentario a dos reales decretos-ley del Gobierno en materia de vivienda y por el creciente peso del acceso a la vivienda en el debate político.
CCOO y UGT han justificado su participación en la movilización por el aumento de los alquileres, la pérdida de poder adquisitivo y la especulación inmobiliaria. En un comunicado conjunto, ambas organizaciones han llamado a movilizarse por “mejores salarios, una vivienda digna y el control de los precios”.
Las reivindicaciones, sin embargo, van más allá del acceso a la vivienda. Las organizaciones convocantes reclaman también aumentos salariales, reducción de la jornada laboral, desbloqueo de la negociación colectiva, mejoras en materia de salud laboral y medidas contra la precariedad.
El planteamiento común es que el coste de la vida, y especialmente el de la vivienda, ha crecido por encima de los ingresos de buena parte de los trabajadores, mientras las organizaciones sindicales denuncian un incremento de los beneficios empresariales y de las rentas vinculadas al mercado inmobiliario.
Un programa centrado en el alquiler y la vivienda pública
El Sindicato de Inquilinas reclama contratos de alquiler indefinidos, reducciones “drásticas” de los precios, el fin de los desahucios y un impuesto a la riqueza destinado a financiar un parque público de vivienda.
Entre sus propuestas figura también la movilización de viviendas vacías, la limitación de la compra con fines especulativos y una mayor intervención sobre los grandes tenedores y los fondos de inversión.
Para las organizaciones convocantes, las dificultades para acceder a una vivienda y las condiciones laborales forman parte de un mismo problema. Su argumento es que unos salarios insuficientes dificultan cada vez más la posibilidad de afrontar el coste de un hogar, especialmente en las zonas donde los alquileres han experimentado mayores incrementos.
La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, ha defendido una huelga “masiva” y construida “desde la base”, con participación en los centros de trabajo, los barrios y los centros de estudio.
La muerte de Maricarmen marca el anuncio
El anuncio de la convocatoria coincidió con el fallecimiento de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que había residido durante siete décadas en la vivienda de la que fue desahuciada. Según las informaciones publicadas, murió en el hospital Gregorio Marañón tras sufrir complicaciones de salud posteriores al lanzamiento.
El caso ha sido asumido por el movimiento de vivienda como un símbolo de las consecuencias sociales y humanas asociadas a los desahucios y a la presión inmobiliaria. Del Río ha denunciado que la especulación y el rentismo tienen efectos cotidianos sobre la salud y las condiciones de vida de miles de personas.
La legalidad de la convocatoria, en el centro del debate
La CEOE ha cuestionado la legalidad de la huelga al considerar que sus reivindicaciones tienen un carácter principalmente político y que no existe una vinculación suficiente con demandas estrictamente laborales.
Los sindicatos, por su parte, sostienen que la convocatoria combina reivindicaciones laborales y sociales y recuerdan que existen precedentes judiciales de movilizaciones que incorporaban demandas de distinta naturaleza.
La convocatoria será la primera gran huelga general estatal de 24 horas con participación de los principales sindicatos desde 2012, cuando las centrales promovieron movilizaciones contra las políticas de austeridad y los recortes.
El 11 de noviembre, las organizaciones convocantes tratarán de convertir el malestar por el precio de la vivienda en una movilización de alcance general, conectando el coste de los alquileres con los salarios y las condiciones de vida.
La jornada pondrá a prueba la capacidad de coordinación entre el movimiento de inquilinos y las organizaciones sindicales, así como el grado de respaldo social que alcanza una protesta que sitúa la vivienda en el centro del conflicto laboral y social.
