La Puerta del Sol amanece por segundo día consecutivo convertida en un campamento urbano. Cientos de personas, convocadas por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, se preparan para pasar una segunda noche en tiendas de campaña en el kilómetro cero de la capital, en una protesta que exige al Gobierno la aprobación de un decreto de vivienda -bautizado como «decreto Maricarmen»- en alusión al desahucio de Maricarmen Abascal antes del Consejo de Ministros previsto para este próximo martes.
De la manifestación a la acampada
La protesta nació el sábado, cuando decenas de miles de personas se manifestaron en Madrid bajo el lema «Ni una Maricarmen más», en referencia al desahucio, ejecutado el pasado miércoles, de una mujer de 87 años con discapacidad. El desahucio de Maricarmen ha sido la chispa que ha encendido nuevamente las protestas ciudadanas para presionar al Gobierno en la aprobación de un nuevo decreto que proteja a las personas más vulnerables. Las cifras de asistencia a la marcha difieren notablemente: la Delegación del Gobierno estimó la asistencia en 25.000 personas, mientras que la organización convocante calculó unos 300.000 asistentes.
Al término de la marcha, parte de los manifestantes decidió no abandonar la plaza. La primera noche de acampada transcurrió entre más de cien tiendas de campaña, con sacos, esterillas, agua, pizzas, plátanos y patatas fritas, en lo que se ha descrito como un camping urbano reivindicativo, evocando el 15-M quince años después. La noche fue tranquila y sin incidentes, con el campamento vigilado por la policía sin que se registrara ningún altercado. Sobre la afluencia, las cifras vuelven a divergir: unas 500 personas pasaron la noche según la Delegación del Gobierno, cifra que el Sindicato de Inquilinas eleva a más de un millar.
Un domingo de asambleas, talleres y solidaridad vecinal
La jornada del domingo se ha organizado en torno a asambleas y actividades diversas: un taller de acción directa en el que se debatieron distintas estrategias de resistencia pacífica, clases de yoga, decoración de tiendas y una comida popular. Por la mañana, la acampada recibió el refuerzo de otra movilización: miles de personas que marcharon desde Atocha hasta Sol en defensa de la educación pública, convocadas por la plataforma Menos Lectivas ante la huelga indefinida prevista para el 14 de octubre, se sumaron al campamento por la vivienda.
El ambiente, según relatan quienes participan, combina reivindicación y solidaridad vecinal. La portavoz del sindicato, Valeria Racu, valoró la primera noche como un éxito y auguró que la protesta «va a ser un antes y un después». Numerosos vecinos se han acercado a lo largo del día para donar comida, agua, abanicos o medicinas, mientras se han programado talleres de pancartas y un espacio para escribir cartas a Maricarmen, que continúa hospitalizada. Por la tarde estaba prevista la celebración de un festival musical y de actividades (‘Fuck Rent Fest’), en un ambiente en el que también se ha dejado notar la presencia de curiosos, turistas e influencers grabando la acampada con sus móviles.
Pendientes del Consejo de Ministros del próximo martes
El pliego de peticiones del Sindicato de Inquilinas, según ha explicado su portavoz Alicia del Río, se articula en torno a varios ejes: que los contratos de alquiler pasen a ser indefinidos y se renueven automáticamente, siguiendo modelos como el alemán o el austríaco; la congelación de las actualizaciones de renta vinculadas al IPC; una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos que limite los alquileres de temporada y por habitaciones; y un mecanismo que impida los desahucios en situaciones de vulnerabilidad. Desde la organización han advertido de que, si el decreto que el Gobierno lleve el martes al Consejo de Ministros no incluye estas medidas, la protesta podría extenderse a otras ciudades del país.
La presión sobre el Ejecutivo se ha intensificado a lo largo de la jornada con mensajes de varios miembros del Gobierno y de la izquierda parlamentaria. El presidente Pedro Sánchez aseguró desde un acto del PSOE que el Gobierno «está trabajando contrarreloj» para llevar el decreto de vivienda al Consejo de Ministros del martes y pidió a las fuerzas políticas «un último esfuerzo» para su convalidación en el Congreso. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, avisó de que «no vale cualquier real decreto» y reclamó una norma que afecte a los fondos buitre, mostrando su respaldo explícito a la acampada. La ministra de Sanidad, Mónica García (Más Madrid), pidió medidas de máximos: regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, prohibición de desahucios a familias vulnerables, expropiación de viviendas a fondos buitre y prórroga de los alquileres hasta 2028. Por su parte, las líderes de Podemos, Ione Belarra e Irene Montero, respaldaron la movilización y reclamaron ir «mucho más lejos» de lo que plantea el Gobierno, incluida la expropiación de viviendas a fondos buitre.
De fondo, la acampada certifica el pulso entre el Gobierno central, que negocia el contenido del decreto con sus socios parlamentarios —entre ellos Junts y el PNV—, y un movimiento social que reclama medidas más ambiciosas frente a la especulación inmobiliaria y los fondos de inversión. Los organizadores no han fijado una fecha de finalización para la acampada, condicionando su continuidad al contenido del decreto que el Ejecutivo debata este martes.
La movilización también proyecta su eco fuera de Madrid: hay múltiples convocatorias en todo el estado con posibilidad de que se repliquen las acampadas y se reproduzca un movimiento parecido a lo que fue el 15M, aunque centrado, de momento, en el derecho a la vivienda.
44 desahucios diarios
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) publicó en junio el informe Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales, que registra 4.005 lanzamientos ejecutados en el primer trimestre de 2026, una media de 44,5 desahucios diarios, es decir, un desahucio cada media hora. Respecto al año anterior, la cifra ha descendido un 45,4%. En total, en 2025, se practicaron 24.540 lanzamientos, de los cuales 18.317 (74,6%) fueron por impagos del alquiler, mientras que 4.346 (17,7%) por impagos hipotecarios y 1.877 por otras causas.
Por comunidades autónomas, Catalunya sigue en cabeza con 921 lanzamientos (23% del total estatal), seguida del País Valencià (741), Andalucía (616) y Madrid (582). En 2025, Catalunya acumuló el 27-28% de todos los lanzamientos, pese a representar en torno al 16-17% de la población. En tasas por 100.000 habitantes, el País Valencià lideraba en 2026. Desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa en junio de 2018, se han ejecutado más de 272.000 desahucios, aproximadamente 90 al día de media, de los cuales la mayoría, en torno al 70%, corresponden a impago de alquiler, según estimaciones de El Español basadas en datos del CGPJ.
El CGPJ distingue entre “lanzamientos”, que son los desahucios efectivamente practicados, y “ejecuciones hipotecarias” del INE, que son procedimientos iniciados y no necesariamente culminados en desalojo. En 2025-2026 las ejecuciones hipotecarias presentadas han subido, con máximos recientes en algunos trimestres, mientras los lanzamientos ejecutados bajan. Los picos de la crisis 2008-2014 superaron los 500 desahucios diarios en algunos trimestres de 2012, con más de 100.000 lanzamientos totales ese año. Tras la pandemia y las moratorias se alcanzaron mínimos históricos en 2023, pero con unos 26.600 de todas formas, y en 2024-2025 se produjo una estabilización con moderada subida y posterior descenso en lanzamientos ejecutados.
