El Gobierno prolonga la vida de la central nuclear extremeña más allá del calendario de cierre pactado en 2019, en una decisión que el Ejecutivo defiende por motivos de suministro y que ecologistas y parte de sus propios socios de coalición califican de «traición» y «fraude a la ciudadanía».
El 12 de agosto de 2026, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dirigido por Sara Aagesen, publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Orden TED/864/2026, que renueva la autorización de explotación de los dos reactores de la central nuclear de Almaraz, en Cáceres.
En la práctica, esto significa que Almaraz I, que debía cerrar el 1 de noviembre de 2027, podrá operar hasta el 8 de junio de 2030 (31 meses más de lo previsto) y Almaraz II, con cierre fijado para el 31 de octubre de 2028, recibe una prórroga de 19 meses, hasta esa misma fecha de junio de 2030.
Parón nuclear definitivo para 2035
La orden revoca la autorización anterior y se la concede a Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT), la sociedad que opera la planta. El BOE mantiene, no obstante, 2035 como horizonte final para el conjunto del parque nuclear español.
La decisión llega después de que el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitiera, el 16 de julio, un informe favorable «con condiciones», entre ellas garantizar una dotación mínima de personal de seguridad durante el periodo 2028-2030.
Según el análisis del Gobierno, mantener Almaraz operativa durante estos años adicionales podría reducir en torno a un 7% la generación eléctrica mediante ciclos combinados de gas en 2030, respecto al escenario previsto en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
Una central con historia y peso local
Almaraz no es solo una fecha en el calendario energético español: es una pieza central en la historia energética y social del país, y un motor económico decisivo para su entorno, la comarca extremeña de Campo Arañuelo. La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, celebró la decisión asegurando que aporta «certidumbre» a la comarca y protege miles de empleos, y reivindicó el papel histórico de la planta en el desarrollo económico regional.
La prórroga llega, además, tras una intensa presión social y política local: en enero de 2025 unas 7.000 personas se manifestaron en Almaraz, según la Guardia Civil, bajo el lema «no se cierra». Alcaldes y dirigentes del PSOE de la zona llegaron a enviar una carta abierta a Pedro Sánchez advirtiendo de las consecuencias del cierre, en un episodio en el que representantes de PP, PSOE y Vox coincidieron en la misma reivindicación.
El movimiento ecologista y la izquierda califican la decisión de «traición»
La decisión ha desatado una fuerte contestación del ecologismo y la izquierda, incluso dentro de la coalición de gobierno. Ecologistas en Acción ha sido especialmente contundente. Javier Andaluz, responsable de Clima y Energía de la organización, declaró que «esta prórroga es una traición y un fraude a la ciudadanía, que asumirá mayores costes a medio y largo plazo mientras se retrasa una transformación energética que resulta inaplazable». Andaluz añadió que el Gobierno «abre la puerta al caballo de Troya nuclear: una maniobra que no busca garantizar el suministro eléctrico ni la seguridad radiológica, sino perpetuar un negocio radiactivo cada vez más dependiente del dinero público para seguir operando».
Paca Blanco, activista antinuclear de la misma organización, fue igual de dura: «Esta prórroga es una traición que condena el futuro de todo un territorio que verá durante décadas los residuos nucleares en la central. Vuelve a ganar el oligopolio que sigue atando el futuro a las grandes corporaciones que especulan con nuestro territorio».
La organización sostiene que la orden ministerial incumple el compromiso asumido con la ciudadanía, la propia planificación energética del país y hasta el programa electoral del PSOE, y recuerda que la evaluación estratégica del PNIEC reconoce que prolongar las nucleares retrasa el desarrollo de las renovables y encarece la transición energética a medio y largo plazo.
Podemos y Alianza Verde, socios del Gobierno de coalición, también han cargado con dureza contra la medida. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, escribió en redes sociales: «El Gobierno aprueba la prórroga de la central nuclear de Almaraz hasta 2030. Hay que tener poca vergüenza, pero poco más se puede esperar de un gobierno que prometió vivienda y solo hizo rearme. El PSOE es una máquina de alimentar a la derecha». El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, la calificó de «una auténtica vergüenza».
El gobierno aprueba la prórroga de la central nuclear de Almaraz hasta 2030 el 12 de agosto. Hay que tener poca vergüenza pero poco más se puede esperar de un gobierno que prometió vivienda y sólo hizo rearme. El PSOE es una máquina de alimentar a la derecha.
— Ione Belarra (@ionebelarra) August 14, 2026
Por parte de Alianza Verde, su coordinador federal, Juantxo López de Uralde, señaló que «el Gobierno concede la prórroga de Almaraz con agosticidad y alevosía. Con ello vuelan por los aires los planes energéticos que impulsan las renovables», y advirtió que la decisión sienta un precedente: «Han mentido, han roto el calendario de cierre nuclear y después de Almaraz, podrán venir todas las demás». El partido considera que no existe «ninguna razón» que justifique una prórroga que califica de «absolutamente vergonzosa» y que, a su juicio, rompe tanto el calendario de cierre pactado en 2019 como el propio acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar.
También Sumar, a través de su ministro de Cultura, Ernest Urtasun, calificó la ampliación de «error estratégico» y acusó al PSOE de ceder ante el «oligopolio energético».
Ecologistas en Acción de Catalunya ha ido más allá y ha anunciado que enviará una carta a los ayuntamientos del entorno de las centrales de Ascó y Vandellòs, ante el temor de que la prórroga de Almaraz siente un precedente que termine afectando al resto del parque nuclear español.
El trasfondo: un pulso de años entre continuidad y cierre
La orden pone fin, al menos temporalmente, a un pulso que se venía librando desde hace tiempo entre el calendario de cierre nuclear acordado en 2019 por el Gobierno, las eléctricas propietarias y Enresa (la empresa pública de gestión de residuos radiactivos), y la presión de las comunidades donde se ubican las centrales, sus trabajadores y una parte de las eléctricas para alargar su vida útil.
El debate no se cierra aquí: sigue abierta la incógnita sobre si esta prórroga —que el Gobierno presenta como algo limitado y excepcional— acabará convirtiéndose en un precedente para el resto de reactores españoles (Ascó, Cofrentes y Vandellós), cuyo cierre definitivo sigue formalmente previsto para 2035.
