La mayoría de la población, con independencia de su ideología política, es partidaria de eliminar completamente el uso de los pesticidas en la agricultura, según una encuesta realizada en siete países europeos y contratada por PAN Europe a la empresa YouGov. En el caso de España, un 68 % de las personas encuestadas aboga por suprimir el uso de esas sustancias tóxicas y solo un 3 % opina que debería incrementarse su empleo.
Esto choca con los actuales planes de la Comisión Europea materializados en su propuesta legislativa Ómnibus de Seguridad Alimentaria y de Piensos (Ómnibus X), más conocida como “ómnibus de pesticidas”, que podría potenciar el uso de estas sustancias tóxicas en la UE, así como debilitar enormemente la protección de la salud humana y del medio ambiente frente a sus riesgos.
La propuesta de la Comisión Europea recoge, entre otras controvertidas medidas, la concesión de autorizaciones ilimitadas a los pesticidas sin que pueda revisarse la autorización de estas sustancias cada cierto tiempo, como hasta ahora sucede, en función de la nueva evidencia científica que exista sobre sus riesgos para la salud y/o el medio ambiente.
A esta autorización de duración ilimitada se opone, según la encuesta, nada menos que el 94 % de la población española, una buena parte de la cual, un 50 %, quiere incluso que las autorizaciones sean revisadas con más frecuencia de lo que hoy marca la ley. En el resto de los países se repite más o menos el mismo patrón, con una oposición a las autorizaciones ilimitadas que oscila entre el 90 % y el 96 %.
Autorización ilimitada para 200 pesticidas
Tras pasar recientemente por el Consejo de la UE, la propuesta será votada en diciembre en el Parlamento Europeo y hay una gran inquietud sobre cuál será el resultado de la votación, al haber trascendido un documento que aboga, entre otras medidas, por conceder esa autorización ilimitada a cerca de 200 pesticidas, prácticamente la mitad de los que se emplean en la UE.
Carlos de Prada, responsable de la iniciativa Hogar sin Tóxicos, que colabora con PAN Europe en la difusión de esta problemática en España, denuncia que “aprobar medidas como esa supondría un retroceso sin precedentes en la protección de la salud humana y del medio ambiente que, aunque con deficiencias, brinda el actual Reglamento de pesticidas. Un desprecio, además, al sentir de la población que, como han reflejado las diversas consultas realizadas hasta ahora, está muy preocupada por la presencia de estas sustancias tóxicas en los alimentos”.
Kistiñe García, portavoz de Ecologistas en Acción, organización que también colabora con PAN Europe, lamenta “que la propuesta de desregulación de los plaguicidas se abra paso en el Parlamento Europeo de la mano de grupos políticos que no escuchan la opinión de sus propios votantes y de la ciencia. Como muestra la encuesta, la oposición a los pesticidas es transversal, con independencia del color político
En efecto, los datos de la consulta relativos a España muestran que un 94 % de las personas votantes del PP no quieren autorizaciones de duración ilimitada para los pesticidas, al igual que un 95 % de las del PSOE, un 93 % de las de Vox y un 95 % de las de Sumar.
La población prioriza la protección de la salud
El documento que se maneja en el Parlamento Europeo propone también otras inquietantes medidas. Una de ellas, tal y como explica Kistiñe García, es que “una vez que se prohíba un pesticida por su peligrosidad, en lugar de ser retirado de inmediato, pueda seguir siendo empleado durante tres años más, alargando innecesariamente la exposición de la población”. Esta propuesta ha sido recientemente aprobada por la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, con el voto favorable de socialistas, populares y ultraderecha.
El documento también recoge la posibilidad de que se autorice el uso de pesticidas que no cumplan los criterios oficiales de seguridad, haciendo caso omiso de los dictámenes de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), atendiendo a supuestas razones “socioeconómicas”.
Todo ello a pesar de que, como también muestran los resultados de la encuesta de YouGov, tres de cada cuatro ciudadanos/as españoles/as (75 %) opinan que a la hora de decidir si se aprueba o no un pesticida, lo primero a considerar debe ser la protección de la salud, muy por delante de otros factores. En todos los países, ningún grupo de votantes tiene criterios como los económicos o agronómicos entre sus principales prioridades.
Esta opinión ciudadana es compartida por expertos y expertas de la ONU, que recientemente han dirigido una comunicación a la UE mostrando su preocupación por la propuesta legislativa y denunciando que supone una seria amenaza para derechos humanos fundamentales.
Por su parte, instituciones científicas como la prestigiosa Endocrine Society, que representa a muchos miles de endocrinólogos/as en todo el mundo, la Sociedad Europea de Endocrinología (ESE) o la Sociedad Europea de Endocrinología Pediátrica (ESPE) también se oponen y, a través de una carta dirigida a las instituciones europeas, han criticado con dureza que se pretenda conceder autorizaciones de duración ilimitada a los pesticidas.
Esta situación llevaría a que, aunque se vayan acumulando durante años evidencias científicas sólidas sobre los daños que pueden causar, puedan seguir empleándose sin posibilidad de rescindir su aprobación, mientras millones de personas siguen exponiéndose a serios riesgos para su salud.
También la Sociedad Internacional de Epidemiología Ambiental ha expresado en una carta abierta su “profunda preocupación”e instado a que “se suspendan las negociaciones sobre el paquete legislativo ómnibus de pesticidas hasta que un organismo independiente realice una evaluación de impacto exhaustiva”. Argumentan la existencia de pruebas sólidas acerca de los efectos adversos sobre los sistemas nervioso, reproductor y cardiovascular. Y esgrimen que los costes para la salud y el medio ambiente difícilmente podrán verse compensados por los supuestos beneficios a corto plazo que pudieran tener para algunas empresas reducir la protección frente a estas sustancias.
Quien contamina no está pagando
En opinión de Kistiñe García, “según el principio de que quien contamina paga, las industrias que se benefician con el uso de estas sustancias tóxicas deberían asumir todos los costes de sus impactos y no, como hoy sucede, el conjunto de la ciudadanía con sus impuestos y su salud”. Ese es también el sentir del mayor porcentaje de personas encuestadas, que estiman que debiera ser abonado, sobre todo, por quienes fabrican y venden los pesticidas.
En la misma línea, centenares de científicos/as e investigadores/as internacionales también han manifestado su oposición, firmando una carta dirigida al Parlamento Europeo, impulsada desde la Universidad de Leyden, en la que instan a que se paralicen los trámites en marcha por los graves riesgos que entraña, denunciando su precipitación y falta de garantías, así como el desprecio del conocimiento científico que conlleva en relación con los efectos de estas sustancias tóxicas. Solicitan que antes de adoptar decisiones se realice una adecuada evaluación de impacto.
A la contundencia abrumadora de los anteriores informes, cabría sumar otros tantos que cuestionan diferentes aspectos del ómnibus de pesticidas. Incluso la propia Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha manifestado su oposición. Otras entidades, como Parkinson Europe, que representa a 20 organizaciones nacionales de la UE que defienden los intereses de las personas con esta enfermedad, así como la prevención de la misma, también han expresado su oposición.
Estrategia desreguladora
Según Kistiñe García, “se está desoyendo la voz de la ciencia de forma temeraria, dentro de una estrategia desreguladora que busca erosionar la legislación vigente, anteponiendo los intereses particulares de algunas industrias fabricantes de venenos agrarios a la salud humana y de los ecosistemas. Estamos ante unas sustancias que han sido diseñadas específicamente para dañar organismos vivos y debería aplicarse un principio de precaución”.
Por su parte, Carlos de Prada denuncia que “está en juego hasta qué punto vamos a encontrarnos estas sustancias peligrosas en nuestros alimentos, en el agua y, en general, en el medio ambiente. Solo la influencia ilegítima que han ejercido ciertas empresas puede explicar lo que está sucediendo y que la Comisión Europea, que hace unos años se comprometió formalmente con la necesidad de reducir enormemente el uso de pesticidas y apostar por la agricultura ecológica, haya dado un giro tan radical, de 180 grados, en su postura, pasando a promoverlo de la forma más irresponsable e insegura”.
Recientemente se ha publicado un nuevo informe de Corporate Europe Observatory que denuncia que el lobby de los pesticidas no se habría limitado a ejercer presión sobre la propuesta del ómnibus sino que, yendo más allá, habría llegado a redactar partes de la misma. Carlos de Prada lamenta que “ni las organizaciones de la sociedad civil ni la comunidad científica, aunque defiendan la evidencia y el bien común, tengan los recursos de los que disponen esas grandes empresas para realizar labores de lobby sobre la política europea”.
