La enfermedad de Parkinson, un trastorno neurodegenerativo cuyo número de pacientes se espera que se duplique para el año 2040, ha puesto el foco de la comunidad científica sobre un factor de riesgo ambiental crítico: la exposición a pesticidas, herbicidas y fungicidas.
Investigaciones recientes refuerzan la evidencia de que, si bien la genética juega un papel en algunos casos, aproximadamente un 5-10%, la mayoría de los diagnósticos están estrechamente vinculados a factores ambientales. Entre ellos, el contacto con productos químicos agrícolas se posiciona como uno de los desencadenantes más significativos.
En este sentido, las organizaciones Ecologistas en Acción, SEAE y WWF solicitan al Ministerio de Trabajo que reconozca el párkinson como enfermedad profesional en personas expuestas a plaguicidas. También piden al Ministerio de Sanidad que se impulsen estudios epidemiológicos que analicen la incidencia de esta enfermedad en relación con la actividad agrícola. Asimismo, reclaman al Ministerio de Agricultura que revise el Marco de Acción Prioritario sobre el uso de plaguicidas e incorpore en él objetivos vinculantes y ambiciosos de reducción de su uso e impacto.
Estas demandas se producen en el contexto de la celebración del Congreso de SEAE en Pamplona, donde se ha presentado el documental Parkinson tóxico, del fotoperiodista Santi Donaire. Esta producción audiovisual recoge testimonios de personal científico y de trabajadores del campo expuestos a plaguicidas que han desarrollado la enfermedad. Su objetivo principal es visibilizar esta problemática y avanzar hacia su reconocimiento oficial en España.
A nivel mundial, la prevalencia del parkinson se ha duplicado en los últimos 25 años. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su desarrollo influyen no solo los factores genéticos, sino también los ambientales, como la exposición a plaguicidas, que incrementan el riesgo de padecer la enfermedad, tal y como se recoge en su informe de 2023.
La evidencia científica que vincula los plaguicidas con el parkinson ya ha sido reconocida en países como Francia, Italia y Alemania, donde esta enfermedad tiene la consideración de enfermedad profesional en el sector agrícola cuando existe exposición a estos productos.
En España, más de 150.000 personas sufren esta enfermedad y se diagnostican alrededor de 10.000 nuevos casos cada año. Las previsiones apuntan a que esta cifra podría triplicarse en las próximas tres décadas debido al envejecimiento de la población. Sin embargo, el parkinson asociado a la exposición a fitosanitarios todavía no está reconocido como enfermedad laboral y no se están desarrollando estudios epidemiológicos específicos. Todo ello a pesar de que España es uno de los países que más plaguicidas utiliza en la Unión Europea.
Las organizaciones señalan que, si bien existen casos de párkinson que no se pueden evitar, los relacionados con la exposición a plaguicidas sí se pueden prevenir. Por ello, consideran imprescindible que la Administración adopte medidas para reducir estos riesgos y, en los casos en que la enfermedad ya se haya desarrollado, garantice su reconocimiento y el acceso a las correspondientes ayudas, como ya ocurre en otros países europeos.
Alteración de la microbiota
Productos de uso común, como el glifosato, la rotenona, la deltametrina y el benomyl, no solo actúan sobre las plagas, sino que alteran la microbiota intestinal humana. Esta alteración favorece la acumulación de metabolitos tóxicos y el mal plegamiento de la proteína alfa-sinucleína. Una vez formada, esta proteína puede viajar desde el intestino hasta el cerebro a través del nervio vago, donde se acumula formando los cuerpos de Lewy, responsables directos de la degeneración de las neuronas dopaminérgicas y, por ende, de los síntomas del Parkinson.
A pesar de la creciente evidencia científica, la regulación actual sigue siendo objeto de controversia. La reciente extensión del uso del glifosato por parte de organismos como la Comisión Europea contrasta con los datos que alertan sobre sus efectos nocivos.
La tendencia creciente de esta enfermedad podría revertirse mediante medidas legislativas más estrictas que prioricen la salud pública frente a los intereses comerciales de la industria agroalimentaria.
Las organizaciones ecologistas y la comunidad científica llaman a desarrollar nuevas estrategias preventivas que permitan frenar el avance de esta patología neurodegenerativa a nivel global.
