El pacto de gobierno entre PP y Vox entrega a la extrema derecha las unidades técnicas que informan a los jueces sobre el riesgo que corren las mujeres maltratadas, en un movimiento que ha concitado el rechazo generalizado del movimiento feminista y de la oposición al ejecutivo que preside Moreno Bonilla.
Desde este martes, si una mujer andaluza denuncia una agresión machista, el informe pericial que un juez utilizará para decidir si le concede una orden de protección, quién se queda con la custodia de sus hijos o si tiene derecho a ayudas económicas pasará por una consejería dirigida por Vox. La Junta de Andalucía ha formalizado el traspaso de las competencias sobre las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG) a la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, en manos del vicepresidente segundo y líder regional de Vox, Manuel Gavira. La decisión, recogida en los decretos de estructura aprobados por el Consejo de Gobierno el 30 de julio, ha desatado una ola de críticas de la oposición y de organizaciones feministas y sindicales.
Qué son las unidades de valoración
Las UVIVG no son una oficina administrativa cualquiera. Dependientes hasta ahora del Instituto de Medicina Legal, están formadas por equipos de forenses, psicólogos y trabajadores sociales cuya función es elaborar los informes psicosociales que los juzgados emplean para valorar el riesgo que corre una víctima de violencia machista. De su trabajo se derivan decisiones tan determinantes como la concesión de órdenes de alejamiento, la custodia de menores o el acceso a ayudas y recursos de protección.
El decreto que reordena las consejerías se publicó el 9 de julio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), tras el acuerdo de gobierno que permitió la reelección de Juanma Moreno como presidente con los votos de PP y Vox. No fue hasta el 30 de julio, sin embargo, cuando el Consejo de Gobierno detalló el reparto exacto de competencias por áreas, momento en el que se conoció que la gestión de estas unidades, junto con la elaboración de protocolos de actuación en violencia de género y los equipos psicosociales de menores, recaería en la consejería que pilota Vox.
Un antecedente que pesa: la petición de 2019
La polémica no surge de la nada. En 2019, con sus primeros doce diputados en el Parlamento andaluz, Vox reclamó a la Cámara la lista nominal de los funcionarios que emitían esos informes psicosociales sobre mujeres maltratadas, en el marco de su ofensiva contra lo que entonces calificaba de «sesgo ideológico» en las políticas de igualdad. El Ejecutivo andaluz de aquel momento se negó a facilitar esos datos, amparándose en la normativa de protección de datos personales. Siete años después, el partido no solo dispone del nombre de esos profesionales, sino de la gestión directa del servicio, en un giro que varios medios han descrito como un salto cualitativo en la influencia de la extrema derecha sobre las políticas contra la violencia machista. El propio Gavira ha llegado a referirse a estos servicios en el pasado como «chiringuitos ideológicos».
El acuerdo de gobierno entre PP y Vox contempla además compromisos para revisar y, en su caso, derogar leyes y organismos públicos considerados de «sesgo ideológico» por la formación de Santiago Abascal, un marco que alimenta la inquietud de las organizaciones que ahora denuncian el traspaso de competencias.
La respuesta de la oposición: «intolerable e indecente»
Las reacciones políticas no se han hecho esperar. La portavoz adjunta del PSOE-A, Ángeles Férriz, ha calificado la decisión de «intolerable e indecente» y ha pedido a Moreno Bonilla que rectifique «por respeto a las mujeres asesinadas y en peligro», señalando que se ha dejado la protección de las víctimas en manos de un partido que, a su juicio, «niega la violencia de género, la frivoliza y la blanquea». Su compañera de partido Olga Manzano ha advertido de que «peligran los derechos de las mujeres» si quienes niegan la violencia machista controlan las medidas y a los profesionales que las protegen.
Desde Adelante Andalucía, su portavoz, José Ignacio García, ha alertado del «peligro e irresponsabilidad» de la medida y ha avisado de que su formación «no va a permitir ni un solo ataque» a la lucha contra la violencia de género. Por Andalucía ha sido igual de contundente: su portavoz, Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, ha acusado a Moreno Bonilla de «pagar el apoyo de Vox con los derechos de las mujeres» y ha sostenido que el PP «no solo no pone límites a la extrema derecha, sino que hace su propia agenda». La portavoz adjunta de la coalición, Rosa Rodríguez, ha ido más allá al advertir de que acabar con la autonomía de las unidades de valoración para sostener el Gobierno «supone traspasar una línea roja inaceptable» y ha reclamado «consensos transversales» y «respeto escrupuloso al criterio técnico y científico» en esta materia.
El feminismo, en pie de guerra
La contestación no se limita al Parlamento. El Espacio Feminista de USTEA hizo público este martes un comunicado en el que expresa su «más absoluta repulsa» ante la medida y subraya que las UVIVG «no son un instrumento ideológico», sino equipos técnicos especializados cuya labor «resulta determinante para valorar el riesgo, proteger a las víctimas y garantizar una respuesta judicial rigurosa». La organización advierte de que poner su gestión en manos de quienes niegan la violencia machista «compromete la confianza de las víctimas y debilita un sistema construido durante décadas para salvar vidas», y exige al Gobierno andaluz que rectifique de inmediato y blinde estos recursos frente a cualquier injerencia política.
Silencio, por ahora, de PP y Vox
Ni la Junta de Andalucía ni la Consejería que dirige Manuel Gavira han emitido, hasta el momento, una respuesta pública detallada a las críticas recibidas ni han explicado los motivos técnicos del traspaso de competencias. Tampoco consta un pronunciamiento del propio Gavira sobre el nuevo reparto, más allá de sus declaraciones previas en las que ha cuestionado la naturaleza de estos servicios.
Qué está en juego
Más allá de la disputa política, el fondo del debate remite a una cuestión de arquitectura institucional: quién controla, en última instancia, los equipos técnicos que informan a la justicia sobre el riesgo que corren miles de mujeres cada año en Andalucía. Andalucía es, según los datos manejados por instituciones como el Defensor del Pueblo andaluz, la comunidad con mayor número de víctimas mortales de violencia machista del país en términos absolutos, tanto en 2025 como en lo que va de 2026. En ese contexto, la decisión de trasladar la gestión de las unidades de valoración a una consejería liderada por un partido que ha cuestionado reiteradamente la existencia de la violencia de género -y que en el pasado intentó identificar a los profesionales que las integran- se perfila como uno de los primeros grandes frentes de conflicto del nuevo Gobierno de coalición PP-Vox en Andalucía.
