Las protestas estudiantiles, nacidas hace tres semanas en la periferia de París, han dejado miles de detenidos y cientos de heridos. El Ejecutivo promete medidas a finales de octubre, pero el movimiento hereda una larga tradición de presión callejera y se enfrenta a un Gobierno sin margen político ni financiero.
Lo que empezó como una protesta local por la falta de profesores se ha convertido en una de las mayores oleadas de movilización estudiantil que Francia recuerda en décadas. Tres semanas después de los primeros bloqueos, centenares de institutos siguen cerrados o afectados, el Gobierno de Sébastien Lecornu busca una respuesta y el debate público se ha desplazado de las aulas a la actuación policial.
Las primeras protestas se registraron el 15 de septiembre, poco después del inicio del curso, en institutos de Bretaña y Normandía. El punto de inflexión llegó el 17 de septiembre en el instituto Saint-Exupéry de Créteil (Val-de-Marne): los docentes iniciaron una huelga y los alumnos bloquearon el acceso al centro. Las imágenes se difundieron en redes sociales y el movimiento saltó a Seine-Saint-Denis, Essonne y Hauts-de-Seine.
La escalada fue rápida. El 29 de septiembre, las protestas coincidieron con una jornada sindical del sector público que, según el Ministerio del Interior, movilizó a más de 200.000 personas. El 1 de octubre hubo acciones en 1.027 institutos, más de una cuarta parte de los cerca de 3.700 del país, pese a que las autoridades habían ordenado cerrar unos 400 y prohibido concentraciones frente a ellos. El 6 de octubre se alcanzó el pico: 256.000 manifestantes en toda Francia, 56.000 de ellos en París, según Interior; las organizaciones convocantes elevan la cifra a 450.000.
Qué reclaman
Los estudiantes piden más docentes para cubrir las ausencias, mejor mantenimiento de los edificios, horarios menos cargados y más financiación para la educación pública. Una alumna parisina explicó que sus profesores faltan a veces varias semanas sin sustituto y que las instalaciones de su centro llegaron al límite durante las últimas olas de calor. Otros protestan por la prohibición de los móviles, por jornadas que se alargan hasta las seis de la tarde o por Parcoursup, la plataforma que asigna las plazas universitarias y que muchos consideran opaca. Los universitarios añaden el temor a una congelación de las ayudas al alquiler.
Las quejas son reales, pero no parecen suficientes por sí solas para explicar la magnitud del movimiento. Citando datos de la OCDE, señala que Francia gasta por alumno de bachillerato más que la media de la Unión Europea, que su escasez de profesores no es peor que la de otros países, aunque los docentes cobran salarios relativamente bajos, y que las jornadas largas y el estrés de la admisión universitaria son problemas conocidos y compartidos en Europa. El propio ministro del Interior, Laurent Nuñez, ha descrito el alcance del movimiento en número de centros, alumnos y violencia como “sin precedentes”.
Para entender la dimensión de la protesta, hay que mirar a la tradición política francesa, donde la calle compite con las instituciones por ser considerada la voz legítima del pueblo. Las movilizaciones de los liceos de 1990 y 1998 arrancaron inversiones de más de 1.000 millones de dólares y miles de contrataciones; las protestas estudiantiles frenaron reformas en 1986 y 1994, y en 2006 forzaron la retirada de una ley laboral para menores de 26 años ya aprobada y firmada. Los “chalecos amarillos” de 2018-2019 lograron también que el Gobierno renunciara a una subida de impuestos y aprobara un gasto adicional de 10.000 millones de euros. Pero la calle no siempre gana: en 1968 la revuelta fue sofocada mediante elecciones.
El gobierno responde con violencia policial
El balance de la respuesta policial ha centrado buena parte de la atención. La represión se deja notar: cerca de 7000 manifestantes detenidos, de los cuáles el 86% son menores. Hay cerca de un millar de personas heridas, entre estudiantes, personal docente y policías.
Varios casos han causado conmoción. Por ejemplo, el caso de Eden L., un niño de 14 años que ha sido gravemente herido por la policía durante las protestas estudiantiles que recorren toda Francia. Eden recibió el impacto de un bote de gas lacrimógeno en la cara, mientras sus compañeros se manifestaban a la puerta de su instituto. Pedían más recursos para su escuela. Según su familia, tiene la mandíbula cosida y se alimenta a base de líquidos. Elsa Marcel, la abogada contratada por la familia, explica que la policía disparó «a la cabeza de un niño que estaba cerca de su colegio mirando el móvil solo».
Otro menor perdió una mano por la explosión de una granada que, según el relato oficial, intentaba recoger. Otros adolescentes también han sufrido graves lesiones.
Nuñez, el ministro del Interior, rechaza hablar de “represión policial”, ha suspendido el uso de granadas aturdidoras contra las movilizaciones estudiantiles y ha remitido 18 incidentes a la inspección policial. Por su parte, el jefe de goberno, Lecornu ha insistido en que las fuerzas de seguridad no tienen orden de enfrentarse a los alumnos, sino solo de hacer cumplir la ley, ya que bloquear un centro mediante amenazas o fuerza es ilegal.
Lecornu pidió el 6 de octubre a sus ministros que abordaran las reivindicaciones y al día siguiente reconoció que “la ira de los jóvenes no surge de la nada”. Prometió medidas concretas para finales de octubre, entre ellas un aumento de 1.200 millones de euros para Educación, una partida que ya figuraba en el borrador de los presupuestos de 2027. La plataforma habilitada para recoger propuestas ciudadanas supera las 40.000 aportaciones. Los representantes estudiantiles consideran insuficiente lo anunciado y reclaman reunirse con el primer ministro. Mientras tanto, el ministro de Educación, Edouard Geffray, informó de que 24 institutos han sufrido incendios o actos vandálicos y permanecerán cerrados durante semanas, lo que afecta a unos 30.000 alumnos.
La población simpatiza con los estudiantes
Sobre el papel, el equilibrio de fuerzas favorece a los estudiantes. Según una encuesta de BFMTV, el 72 % de los franceses considera legítimas sus demandas y el 55 % apoya el movimiento, con el respaldo de numerosos profesores, sindicatos y partidos de izquierda. El Ejecutivo, en cambio, atraviesa su momento más débil: Emmanuel Macron, tras nueve años en el Elíseo, es un presidente saliente muy impopular que no puede optar a la reelección en los comicios previstos dentro de seis meses; la disolución anticipada de 2024 dejó un Parlamento bloqueado, y el propio Lecornu se ha definido como el primer ministro más frágil de la historia reciente y tiene difícil aprobar un presupuesto. A ello se suma una situación fiscal ajustada, con un déficit del 5,4 % del PIB y una deuda pública en máximos desde la década de 1940.
El conflicto sigue abierto. Como en el icónico Mayo del 68, la representación del estado en las calles son los CRS (Cuerpos antidisturbios), rebautizados por los manifestantes como CR SS. Y el gobierno, cada vez más aislado, y la extrema derecha, les apoya. El ministro de Educación, Edouard Geffray, afirma que «el movimiento estudiantil de secundaria está siendo tomado como rehén por grupos extremistas ultraviolentos». El ministro de Justicia, Gerald Darmanin, ha pedido a los fiscales que responsabilicen a los padres por los daños causados por sus hijos y que les obliguen a «pagar las reparaciones».
Pero incluso el sindicato de magistrados ha manifestado su apoyo a los estudiantes. El conflicto ha abierto un enfrentamiento inusual dentro del mundo judicial. El Sindicato de la Magistratura (SM), segundo en representatividad tras la Unión Sindical de Magistrados, publicó el 2 de octubre un comunicado que denunciaba la represión del movimiento y las consignas de firmeza del ministro de Justicia. Con el lema «Cessons de réprimer la jeunesse pour la faire taire», sostenía que la estrategia de mantenimiento del orden no se había adaptado a la vulnerabilidad de un movimiento formado sobre todo por menores.
La réplica fue inmediata. El 4 de octubre, el sindicato mayoritario de comisarios de policía calificó el texto de «vergüenza» y de peligro para la República, y pidió que se informara al Consejo Superior de la Magistratura. Ese mismo día, Unité Magistrats reafirmó su apoyo a las fuerzas del orden y se desmarcó de toda postura política o militante, aunque admitió que las reivindicaciones de alumnos y liceístas pueden estar justificadas.
El Ministerio de Justicia, por su parte, defendió su línea. Según su comunicado del 5 de octubre, Gérald Darmanin reunió desde el inicio del movimiento a los 36 fiscales generales para pedirles máxima firmeza en las peticiones de condena, priorizar los juicios rápidos y exigir, cuando sea posible, responsabilidad civil a los padres de los menores detenidos. El mismo texto indica que 790 procedimientos habían sido archivados sin cargos.
El 6 de octubre intervino también la Conferencia Nacional de Fiscales Generales, que desaprobó los comunicados de “algunos”, en particular el del SM, por desacreditar a la justicia, y subrayó que los fiscales habían sido requeridos por hechos graves de violencia contra policías, personal docente y alumnos. Añadió que, al ser la gran mayoría de los detenidos menores, los fiscales piden respuestas penales de carácter educativo.
El 7 de octubre, el SM respondió a las críticas. Calificó de “caricaturales” las reacciones, distinguió entre crítica política y palabra partidista, y sostuvo que sus posiciones forman parte de la libertad de expresión sindical e incluso de un deber de defender el Estado de derecho. Según Actu-Juridique, esta batalla de comunicados revela tensiones de una intensidad inédita dentro de la institución. El sindicato de magistrados condenó el uso de “gas, detenciones brutales, armas mutiladoras y granadas explosivas” contra menores.
Los sindicatos estudiantiles han convocado nuevas movilizaciones a las que se han unido las Universidades. La perspectiva se centra en el 17 de octubre, cuando esperan que se sumen otros colectivos profesionales. La evolución de la crisis dependerá de si las negociaciones se traducen en cambios concretos en las aulas y de lo que arroje la investigación sobre las actuaciones policiales.
