Un nuevo informe de la Universidad de Sevilla, elaborado a partir de los propios datos de la minera Cobre Las Cruces, detecta en los peces del río concentraciones de cobre y manganeso «nunca antes reportadas» en ningún ejemplar del planeta. Una docena de ayuntamientos, sindicatos agrarios, cofradías de pescadores y organizaciones ecologistas exigen una moratoria y un comité de expertos independiente, mientras la empresa insiste en que cumple toda la normativa ambiental.
El Guadalquivir vuelve a situarse en el centro de una controversia científica, sanitaria y política que lleva más de una década fraguándose a fuego lento. Un nuevo informe elaborado por investigadores de la Universidad de Sevilla -con la participación de catedráticos de Ecología, antropólogas y una doctoranda de la Sorbona- ha detectado en el músculo de los albures capturados en el estuario del río niveles de bioacumulación de cobre y manganeso que no tienen precedentes documentados en ningún pez del mundo. El hallazgo, presentado esta semana en la sede de FACUA, ha bastado para que una alianza inusualmente amplia de ayuntamientos, cofradías, regantes, agricultores y entidades ecologistas exija de forma unánime la paralización de los vertidos mineros al río y la creación de un comité científico independiente que evalúe sus efectos.
Un pez como termómetro de la contaminación
El estudio, titulado Bioacumulación de Metales en Albures en la Zona del Estuario del Guadalquivir Afectada por el Vertido de Mina de Cobre Las Cruces en junio de 2025, no parte de mediciones ajenas ni de muestreos independientes de última hora: se apoya en los propios registros que la compañía minera remite periódicamente a la Junta de Andalucía como parte de su obligación de control ambiental. Analizando el músculo de albures pescados entre el punto de vertido -a la altura de La Algaba- y el estadio de La Cartuja, el equipo liderado por el ecólogo Jesús Castillo obtuvo concentraciones de cobre de entre 9,6 y 28 miligramos por kilo, y de manganeso de 37,1 mg/kg, cifras que los autores describen como las más altas jamás registradas en un pez a escala mundial.
El resto del panel toxicológico no ofrece mejores noticias: cromo, níquel, plomo, selenio y zinc se sitúan también entre los valores más elevados descritos en la literatura científica internacional, mientras que arsénico y cadmio superan los niveles hallados en los albures del propio estuario tras la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar en 1998, uno de los mayores desastres ecológicos de la historia reciente de España. Los investigadores subrayan además una correlación preocupante: la bioacumulación se dispara cuando sube la temperatura del agua, lo que sitúa el fenómeno en la senda del cambio climático y anticipa un agravamiento progresivo del problema en los próximos veranos.
Un riesgo que trasciende al pez
Más allá del dato ecotoxicológico, el informe pone cifras al riesgo para la salud pública. Según sus conclusiones, el riesgo cancerígeno derivado del consumo de estos peces -principalmente por la presencia de cadmio- supera al riesgo no cancerígeno, hasta el punto de que los investigadores recomiendan no superar los 21 gramos diarios de músculo de albur en hombres y los 17 gramos en mujeres para minimizar la exposición a largo plazo. A ello se suma un dato que los propios autores califican de contundente: la totalidad de las muestras analizadas en junio de 2025 rebasó los límites de plomo que la Unión Europea establece para el consumo de pescado.
El documento no se limita al plano sanitario. Advierte de que la contaminación amenaza el equilibrio de todo el ecosistema estuarino y, con él, un modo de vida -la llamada «cultura riachera»- construido durante generaciones en torno a la pesca artesanal, el marisqueo y la acuicultura. En sus propias palabras, el fenómeno podría marcar el inicio de lo que denominan el «sacrificio del Guadalquivir a la minería», en la medida en que la actividad extractiva termine excluyendo por incompatibilidad a las actividades tradicionales del río.
Sedimentos como «fondo de saco» y un conflicto de intereses
Los científicos explican el mecanismo físico detrás de estas concentraciones: buena parte de los metales vertidos no llega al mar, sino que queda retenida en los sedimentos del estuario, que actúa como una suerte de embudo cerrado por la dinámica de mareas y por la propia morfología del cauce. Al alimentarse en esos fondos, los albures incorporan directamente los contaminantes a su organismo, lo que explicaría por qué las concentraciones aumentan pese a que los vertidos respetan, según la empresa, los límites de concentración autorizados en el momento del vertido.
Varias de las entidades firmantes del manifiesto han apuntado también a lo que consideran un conflicto de intereses estructural: es la propia minera la que encarga las muestras que después sirven para vigilar su propio vertido, un esquema que reclaman sustituir por un control público directo.
La cifra que más preocupa: multiplicar por diez el vertido
Si el diagnóstico actual ya resulta alarmante para los firmantes del manifiesto, lo que más ha disparado la movilización es lo que está por venir. Según el informe, la explotación a cielo abierto de Cobre Las Cruces vertió un máximo de 12.150 millones de litros con metales y metaloides entre 2009 y 2023. La nueva fase de minería subterránea de la misma compañía, ya autorizada por la Junta de Andalucía, contempla hasta 39.780 millones de litros adicionales. A eso se sumaría el vertido autorizado para la reapertura de la mina Los Frailes, en Aznalcóllar, que podría alcanzar los 85.520 millones de litros. En conjunto, los dos nuevos vertidos multiplicarían por alrededor de diez el volumen ya vertido hasta la fecha, según los cálculos del propio informe.
Un frente institucional y social sin precedentes
La respuesta social a estos datos se ha traducido en un frente de alianzas poco habitual. Al documento se han sumado los ayuntamientos de Coria del Río, Los Palacios y Villafranca, Sanlúcar de Barrameda y Chipiona; organizaciones agrarias como COAG Andalucía, la Comunidad de Regantes del Sector B-XII del Bajo Guadalquivir y la Asociación de Agricultores de la Costa Noroeste de Cádiz; colectivos pesqueros como la Asociación de Mariscadores de Corrales de Pesca Jarife; entidades de consumidores como FACUA Andalucía y Marea Blanca Andalucía; y organizaciones ecologistas de referencia internacional como Greenpeace, WWF, Ecologistas en Acción Andalucía y la Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua, junto a la plataforma local Salvemos el Guadalquivir.
Todas ellas coinciden en calificar de extrema gravedad los datos del informe y reclaman dos medidas concretas: una moratoria inmediata de los vertidos mineros —incluyendo la paralización del que ya realiza Cobre Las Cruces antes de iniciar su nueva fase de extracción— y la puesta en marcha de un comité de expertos independientes que analice de forma integrada los impactos ecológicos, sanitarios y socioeconómicos de la actividad minera sobre el estuario.
La versión de la empresa: «cumplimos la normativa»
Frente a este diagnóstico, Cobre Las Cruces sostiene que su actividad se ajusta en todo momento a la legalidad ambiental vigente. La compañía se apoya, además, en un dictamen técnico del Área de Ingeniería Química Ambiental de la propia Universidad de Sevilla -distinto del equipo autor del informe sobre los albures- que concluye que su actividad industrial no ha generado impactos adversos sobre la calidad del agua ni de los sedimentos del estuario, y que los niveles de metales se han mantenido por debajo de los valores de referencia ambiental, sin efectos acumulativos atribuibles a la explotación.
Este dictamen -encargado y financiado por la propia empresa, y elaborado por AICIA (Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía) junto al Departamento de Ingeniería Química y Ambiental- analiza 13.000 datos de agua, 3.500 de sedimentos y 900 de biota del periodo 2010-2024, y añade que la contribución de Cobre Las Cruces representa solo el 4,3% del total de vertidos que recibe el estuario. Esta contraposición de estudios, ambos surgidos de la misma institución académica, sitúa la controversia en un terreno especialmente delicado: el de la fiabilidad de los sistemas de vigilancia ambiental y el papel que debe jugar la administración pública frente al autocontrol empresarial. Algunos ayuntamientos ribereños ya han trasladado el asunto a la Fiscalía de Medio Ambiente, mientras las entidades sanitarias andaluzas afrontan la pregunta que plantean los propios investigadores: si, a la vista de estos datos, procede abrir un expediente para valorar una alerta alimentaria sobre el consumo de albur en la zona.
Con la nueva fase de explotación de Cobre Las Cruces en trámite de reactivación y la reapertura de Aznalcóllar en el horizonte, el pulso entre ciencia, industria y comunidades ribereñas por el futuro del Guadalquivir está lejos de resolverse. Lo que hoy es un debate técnico sobre miligramos por kilo de cobre en el músculo de un pez puede convertirse, advierten sus protagonistas, en la crónica de una transformación irreversible del último gran estuario libre de la península ibérica.
