El misterio se ha desvelado. Ya sabemos lo que significa ‘prioridad nacional’. El lema que ha centrado las exigencias de Vox en las negociaciones con el PP para la conformación de los gobiernos autonómicos de Extremadura, Aragón, Castilla León y Andalucía ya comienza a ganar cuerpo y se materializa en Extremadura con un incremento sustancial de las ayudas a la tauromaquia.
En concreto, se incrementarán en seis veces, aumentando de los 297.500 euros del año pasado hasta la asombrosa cantidad de 1,78 millones de euros. Cerca de dos millones que se repartirán ganaderos y empresarios taurinos, así como la Fundación Toro de Lidia, agraciada con 700.000 euros. Antes recibía 69.000 euros en ayudas de la Junta de Extremadura, con lo que se han multiplicado por diez.
La fundación, presidida por el ganadero madrileño Victorino Martín, recibió 2,3 millones de euros en subvenciones públicas entre 2018 y 2023, la mayoría procedente de comunidades gobernadas por el PP.
Recortes
La inyección de dinero público en el sector taurino viene precedida de recortes en los últimos años. Así, a finales de 2023, el PP con el apoyo de Vox, suprimió la gratuidad universal de los comedores escolares. En aquella ocasión, 2.126 estudiantes tuvieron que abonar las tasas para quedarse a comer en sus respectivas escuelas, al ofertar la Junta de Extremadura sólo 15.493 plazas gratuitas cuando las solicitudes alcanzaron la cifra de 17.619.
Ahora, el pacto suscrito entre PP y Vox para blindar la investidura de Guardiola se ha saldado con un sustancial recorte en una de las tradicionales áreas objetivo de la extrema derecha: la cooperación. Así las cosas, la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID) ha visto como su presupuesto ha quedado reducido de 11 millones a menos de tres, provocando la renuncia de su directora, Isabel Belloso, y la protesta de la Iglesia y la Coordinadora Extremeña de ONGD.
El presupuesto extremeño de cooperación queda dotado de esta manera en un escandaloso 0,03%, un porcentaje muy alejado del compromiso político de avanzar hacia un 0,7%. La Coordinadora Extremeña de ONGD (CONGDEX) ha emitido un duro comunicado de protesta rechazando el recorte: «Este recorte responde a una decisión política equivocada e irresponsable, especialmente en un contexto internacional marcado por conflictos, desplazamientos forzosos, emergencia climática y aumento de las desigualdades».
La cooperación extremeña al desarrollo ya sufrió un duro golpe en 2024 con un recorte cercano al 26%. Un año después, la Educación para la Ciudadanía Global fue reducida en más de un 87%. Y, ahora, en 2026 llega el golpe definitivo: el cierre efectivo de una política pública que durante décadas formó parte de la identidad institucional de Extremadura.
En definitiva, la prioridad nacional se ha concretado en Extremadura. Y para sorpresa de muchos no se trata de «primero los españoles». En Extremadura, la prioridad nacional se ha manifestado a favor de una reducida élite: primero la industria de las grandes ganaderías del toro bravo y los empresarios que explotan las plazas. La víctima ha sido el tercer sector, un conjunto de ONGs, asociaciones y entidades que promueven la inclusión social, la solidaridad y los derechos humanos.
