Nadie ha querido hacerse cargo de Emergencias 112 Andalucía. Desde su puesta en marcha en 2002, el servicio siempre había encontrado empresa dispuesta a gestionarlo mediante contrato público. Este año, por primera vez en dos décadas, la licitación ha quedado desierta: ni Ilunion Emergencias, actual adjudicataria, ni ninguna otra compañía del sector presentó oferta antes de que venciera el plazo, el pasado 13 de julio, para un contrato valorado en 62.766.496,87 euros y una duración de dos años.
El contrato que ha quedado sin oferentes debía encargarse de la coordinación, gestión y ejecución técnica y ejecutiva, bajo mando único, del operativo de emergencias de competencia autonómica. Según consta en la resolución de la mesa de contratación, al comprobar que ninguna empresa había presentado oferta en el plazo establecido, el órgano acordó por unanimidad proponer la declaración de desierto del contrato.
Tras declararse desierta la licitación, la Junta podría preparar un nuevo pliego mejorando las condiciones contractuales para las empresas o bien activar la prórroga obligatoria de nueve meses del contrato actual.
Los sindicatos piden el rescate público del servicio
A la reclamación ya conocida de CGT, que acusa al sector de presionar para encarecer el contrato y exige la gestión directa a través de la agencia EMA, se suma ahora la voz de CCOO. Paco Martorell, representante del sindicato en Emergencias 112 Andalucía, cuestiona que un servicio de este tipo deba generar beneficio para nadie y considera que carece de sentido encomendarlo a una empresa privada, que en su opinión antepone el rendimiento económico al interés de la ciudadanía.
Martorell defiende que, frente a sacarlo de nuevo a licitación, resulta más rentable para la Administración internalizar el servicio, ya que sostiene que «es más rentable internalizarlo que sacarlo a licitación», puesto que para cualquier empresa adjudicataria el margen de beneficio nunca resulta suficiente. Desde CCOO reclaman a la Junta que aproveche este momento para dar el paso hacia la internalización, una exigencia histórica de la plantilla desde el nacimiento del servicio: antes de 2008 se habían dado algunos avances tibios en esa dirección, pero la crisis económica frenó cualquier posibilidad de continuar por esa vía.
En la misma línea se ha posicionado CGT de Andalucía que en un comunicado ha expresado que «si Andalucía tuviese un Gobierno serio que velase por la ciudadanía y por las personas trabajadoras, nos encontraríamos ante una oportunidad sin precedentes para internalizar el servicio y reconocer la profesionalidad de los y las gestores de emergencias a la vez que dignificar la profesión al sacarles del yugo del convenio colectivo de Telemarketing, pero la caricatura de ejecutivo andaluz con Antonio Sanz al frente, (…) seguro que lleva la situación a engordar la partida presupuestaria para que Ilunion Emergencias, casi con toda seguridad, saqué otra nueva millonada con un servicio esencial para las y los andaluces, que siempre está cuando alguien lo necesita por una emergencia o una urgencia».
Malestar sindical y sospechas de maniobras ocultas
El malestar sindical se ha visto alimentado además por la cancelación, un día antes de su celebración, de un encuentro que la Junta de Andalucía había convocado esta misma semana con los representantes sindicales. Martorell interpreta que la Administración quiso evitar dar explicaciones sobre la ausencia de ofertas, y reclama a la Administración que impida que las empresas exploten el servicio más de lo razonable.
Los servicios jurídicos de CCOO ya trabajan para estudiar los próximos pasos. El sindicato considera absurdo que el funcionamiento del servicio de emergencias dependa de que las empresas licitadoras juzguen suficiente o no su margen de beneficio, y defiende que la internalización es una opción viable, a la vez que plantea qué ocurrirá con los actuales trabajadores si finalmente se limitan a mejorar las condiciones económicas del concurso sin cambiar el modelo de gestión.
De igual forma se ha manifestado la CGT que ven el contrato desierto como una forma de presionar al Gobierno andaluz para incrementar aún más el beneficio económico de la empresa adjudicataria. «La falta de ofertas es una forma de chantaje empresarial: si la Junta de Andalucía no permite que el servicio sea gestionado directamente desde lo público -a través de la Agencia EMA- las empresas ven una oportunidad para exigir más dinero».
En su comunicado, la CGT asegura que de los casi 63 millones de euros del contrato, alrededor de 30 millones quedarían limpios para la empresa adjudicataria, dado que las instalaciones del 112, las salas de atención, las líneas telefónicas, los sistemas informáticos, el mobiliario y el mantenimiento general son sufragados por fondos públicos, es decir, por la agencia EMA. La empresa externa solo asume los salarios de la plantilla, que CGT denuncia como “nimios” debido a que se rigen por el convenio de Telemarketing, uno de los más precarios existentes en el ámbito laboral.
Qué puede pasar ahora
Con la licitación declarada desierta, el escenario más probable a corto plazo es la prórroga obligatoria de nueve meses del contrato vigente con Ilunion Emergencias mientras la Junta revisa las condiciones económicas del pliego para intentar atraer ofertas en un nuevo concurso. Frente a esa hipótesis, CCOO y CGT coinciden en reclamar que el Gobierno andaluz aproveche la ausencia de empresas interesadas para dar el paso hacia la gestión pública directa del servicio a través de la agencia EMA, una demanda que la plantilla sostiene desde el nacimiento del 112 en 2002 y que, por primera vez en dos décadas, cuenta con una circunstancia -la ausencia de licitadores- que podría reforzar sus argumentos.
| Las especificaciones técnicas del pliego El pliego que ha quedado sin oferentes, publicado el pasado 23 de junio, no dejaba margen a la improvisación. La Administración había diseñado un estricto régimen sancionador que castigaba con severas multas económicas las demoras del servicio, los fallos de cobertura en las salas o las vulneraciones de los derechos laborales de la plantilla, en un intento de reforzar el control sobre la empresa adjudicataria tras años de quejas sindicales. El control del tiempo de respuesta era uno de los aspectos centrales: si el tiempo medio de respuesta superaba los cinco segundos durante diez o más días en un mismo mes, la empresa se habría enfrentado a una penalización de 800 euros mensuales por cada segundo de exceso. Las llamadas desatendidas también se pagaban caras, con multas diarias de 600 euros por cada décima que el volumen de atención cayera por debajo del 98,5 % tras doce segundos de espera, o del 93 % pasados los diez segundos. El pliego preveía además sanciones fijas de 7.000 euros por no activar recursos extraordinarios ante una emergencia grave, entre 200 y 250 euros por hora en ausencias imprevistas del personal, 1.200 euros diarios por demoras en cubrir vacantes a partir del sexto día hábil, y multas de 4.000 euros por trabajador afectado en caso de vulneración de los descansos, las vacaciones o el derecho a la desconexión digital. El contrato, tal y como estaba planteado, preveía la prestación del servicio durante 24 meses a contar desde el 1 de febrero de 2027, con la posibilidad de sumar dos prórrogas anuales. Para el presupuesto base de 34,52 millones al año, la Junta había calculado el gasto en nóminas en 25,58 millones de euros anuales, a los que se sumaban 1,4 millones en gastos generales —portátiles, licencias, plataformas de traducción o papelería— y un beneficio industrial para la adjudicataria de 1,53 millones, equivalente al 6 % del contrato. El pliego establecía una plantilla base de tres jefes de gestión, cinco responsables de área funcional, 49 profesionales técnicos y 5 administrativos, con un máximo de 1.500 horas operativas efectivas al año por trabajador a jornada completa, hasta sumar 821.280 horas en los dos años de contrato. Se exigían también 170 horas de formación inicial para las nuevas incorporaciones y 32 horas de formación continua anual para la plantilla activa, además de guardias localizadas capaces de responder a incidencias en menos de 60 minutos. La apuesta de la Junta de Andalucía pasa por el despliegue de la Plataforma de Integración en la Gestión de las Emergencias (PIGEA), que unificará la respuesta en las ocho sedes provinciales bajo un modelo de Centro Único de Coordinación descentralizado y situará a Andalucía en la línea de los «centros inteligentes» europeos. El PIGEA es la nueva plataforma tecnológica de la Agencia de Emergencias de Andalucía. Se trata de un sistema inteligente que moderniza y unifica la gestión del 112 y permite la integración de los ocho centros provinciales, al Plan Infoca y a los 859 municipios andaluces en una red operativa común. Aparte de este desafío tecnológico que, evidentemente, gozará de las previsibles dificultades iniciales hasta que el sistema alcance su cénit de funcionamiento, el pliego de prescripciones técnicas fue impugnado por el sindicato CSIF, al considerar que la Administración excedía sus competencias al incorporar disposiciones que afectan directamente a las condiciones laborales del personal, en concreto la cláusula que impone turnos de ocho horas comenzando a las 7:00 de la mañana. |
