Los migrantes que sobreviven en las calles y los asentamientos informales de Ceuta desde la entrada masiva de finales de julio llevan semanas denunciando agresiones de soldados. Esta semana esas acusaciones han pasado de los testimonios sueltos a los tribunales. Amnistía Internacional publicó un informe en el que advierte de un «patrón» de abusos atribuidos a militares del Ejército español, y el Ministerio de Defensa respondió el mismo día enviando el documento a la Fiscalía y al Juzgado de Guardia de la ciudad autónoma. “Tenemos órdenes para que no se sientan cómodos”, dijo un militar, según comenta la nota de Amnistía.
22 testimonios y material gráfico
La organización asegura haber recogido 22 testimonios directos durante una visita a Ceuta entre el 10 y el 15 de septiembre. Los relatos describen palizas, acoso, humillaciones, robo de dinero y confiscación o destrucción de teléfonos móviles. Según Amnistía, las conductas se habrían dirigido a las personas migrantes sin distinguir edad, condición o género, y señala a unidades de Regulares y de la Legión.
El informe se apoya además en vídeos y fotografías que, según la ONG, muestran cuerpos magullados con lesiones «compatibles con golpes» de las porras reglamentarias. Entre los casos concretos, dos jóvenes marroquíes presentaban heridas en la cabeza. Uno de ellos relató que lo obligaron a arrodillarse antes de golpearlo. Otro hombre aseguró llevar 25 días sin poder caminar tras ser empujado desde una altura por un militar mientras dormía junto a la Ermita de San Antonio.
Un joven marroquí y otro argelino contaron que fueron golpeados con porras y puñetazos mientras estaban inmovilizados con bridas, y el equipo de Amnistía dice haber constatado las marcas en sus muñecas. «Me pusieron bridas y me metieron en el maletero», relató uno de los jóvenes a la organización.
Encapuchados, gas irritante y expulsiones
Según el informe, algunos militares habrían llegado a actuar de noche y encapuchados para evitar ser identificados. Los testimonios hablan también de espray irritante en la cara y el cuerpo, y de expulsiones sumarias a través de la valla del Tarajal. Entre las prácticas denunciadas figuran los insultos y amenazas constantes para forzarlos a abandonar la ciudad, impedirles dormir de noche o circular de día, obligar a jóvenes a raparse el pelo y retirarles la comida si se negaban a obedecer. Varias personas habrían sido forzadas, además, a besar una cruz cristiana pese a ser musulmanas.
Amnistía sostiene que estos hechos pueden constituir tortura, considerada un crimen de derecho internacional.
Una investigación periodística previa
El informe llega tras varias semanas de publicaciones de elDiario.es, que recogió a mediados de septiembre una veintena de testimonios directos y habló de un centenar de casos detectados por organizaciones sobre el terreno. El mismo medio asegura haber verificado vídeos de agresiones de soldados uniformados, entre ellos uno en el que un grupo de militares acorrala a un joven que huía cerca de un campamento de acogida y lo golpea en una ladera. También presenció, según su relato, dos episodios de uso de gas pimienta contra menores en una semana.
La respuesta de Defensa
El departamento que dirige Margarita Robles informó de que ha remitido el informe a la Fiscalía y al Juzgado de Guardia de Ceuta. Además, ha pedido al Mando de Operaciones que investigue y determine las «responsabilidades individuales» con el fin, dijo, de preservar el buen nombre de las Fuerzas Armadas. Según elDiario.es, el ministerio no había respondido a las preguntas que el medio le había planteado sobre estos hechos, y desde Moncloa solo se había reiterado la intención de abrir una investigación interna.
Corresponde ahora a la Fiscalía y al juzgado decidir si abren diligencias y qué conductas investigan. Por ahora no hay imputaciones ni conclusiones judiciales. Los hechos descritos son denuncias y testimonios recogidos por una ONG y por la prensa, y deberán contrastarse en sede judicial y en la investigación interna del Ejército. Mientras tanto, cientos de personas siguen en la ciudad en una situación de desprotección que la propia Amnistía vincula también con unas condiciones de acogida indignas.
