En 2025, Amnistía Internacional registró al menos 2.707 ejecuciones en 17 países, cifra que representa un aumento del 78% respecto a las 1.518 ejecuciones de las que se tuvo constancia en 2024. Es la cifra más alta registrada por Amnistía Internacional desde 1981.
En el informe titulado Condenas a muerte y ejecuciones 2025, que se publicó este lunes, Amnistía indica que estas ejecuciones representan un aumento de más de dos tercios en comparación con 2024.
La organización, con sede en Londres, señala que el incremento en el uso de la pena de muerte el año pasado fue debido a que las autoridades de varios países colocaron este castigo en el centro de «las falacias narrativas» alrededor de la seguridad pública y la represión del crimen con el fin de mantener el control, exhibir la fuerza del Estado y ganar capital político.
De esta forma, este patrón fue más evidente en aquellos países donde los líderes han intensificado su control y reafirmado el control sobre la sociedad civil, además de silenciar voces disidentes.
En Irán, se registraron al menos 2.159 ejecuciones, más del doble que en 2024, mientras que en Arabia Saudí se contabilizaron al menos 356, especialmente por delitos relacionados con drogas; en Kuwait, las ejecuciones casi se triplicaron, pasando de 6 a 17; y en Egipto casi se duplicaron, de 13 a 23. En los Estados Unidos, el número subió de 25 en 2024 a 47 y en Singapur, de 9 a 17.
Las ejecuciones aumentaron en un 78 por ciento en comparación con 2024
En total, las ejecuciones crecieron un 78 por ciento, después de que en 2024 se reportaran al menos 1.518. Amnistía Internacional subraya que el total de 2025 no considera las miles de ejecuciones que se piensa que continuaron ocurriendo en China, país que, ante la falta de datos, es visto como el que realiza más ejecuciones en el mundo.
«Este alarmante aumento del uso de la pena de muerte se debe a un grupo reducido y aislado de Estados dispuestos a llevar a cabo ejecuciones a toda costa, pese a la tendencia global continuada hacia la abolición. Desde China, Irán o Corea del Norte, pasando por Arabia Saudí y el Yemen, hasta Kuwait, Singapur y Estados Unidos, esta vergonzosa minoría está utilizando la pena de muerte como arma para infundir temor, sofocar la disidencia y mostrar la fuerza que las instituciones estatales tienen sobre personas desfavorecidas y comunidades marginadas”, declaró la secretaria general de AI, Agnès Callamard.
Casi la mitad de las ejecuciones por delitos relacionados con drogas
La organización resalta que se han intensificado las estrategias «extremadamente punitivas» en la lucha contra las drogas, lo que ha promovido esfuerzos para expandir la pena de muerte. Esto se refleja en el aumento de las ejecuciones, ya que casi la mitad, es decir, 1.257 o el 46 por ciento, del total mundial fueron por delitos conexos con drogas.
De acuerdo con AI, Argelia, Kuwait y las Maldivas han presentado iniciativas legislativas para ampliar el uso de la pena de muerte con el objetivo de incluir este tipo de delitos.
A pesar de que en 2025 aumentaron las ejecuciones, los países que las realizaron siguen siendo pocos. En este sentido, el informe menciona a Arabia Saudí, Corea del Norte, China, Egipto, Estados Unidos, Irak, Irán, Somalia, Vietnam y Yemen, que son exactamente los mismos diez países que han llevado a cabo ejecuciones cada año durante los últimos cinco años.
Cuatro naciones reanudaron las ejecuciones en 2025: Japón, Emiratos Árabes Unidos, Sudán del Sur y Taiwán, lo que elevó el total de países implicados en ejecuciones a 17.
Por otro lado, no hay registros de ejecuciones ni condenas a muerte en Europa y Asia Central. En América, Estados Unidos fue el único país que llevó a cabo ejecuciones en 2025, y casi la mitad ocurrieron en Florida. En el África subsahariana, estas se limitaron a Somalia y Sudán del Sur. Afganistán fue el único país en Asia del Sur que realizó ejecuciones, mientras que Singapur y Vietnam fueron los únicos que lo hicieron en el sudeste asiático. Tonga era el único país en Oceanía que mantenía la pena de muerte en su legislación.
Callamard ha señalado que «es momento de que los países que practican ejecuciones se unan al resto del mundo y dejen esta práctica inaceptable en el pasado».
«La pena de muerte no proporciona mayor seguridad —ha continuado—. Al contrario, es una violación irreversible de la humanidad, fomentada por el miedo y que muestra un total desprecio por el derecho internacional de los derechos humanos».
El abolicionismo brinda esperanza
Frente a esta situación, también hay posibilidades de esperanza. AI recuerda que cuando comenzó su lucha contra la pena de muerte en 1977, solamente 16 países la habían abolido; en la actualidad, ese número ha aumentado a 113, más de la mitad de las naciones del planeta, y más de dos tercios son abolicionistas, ya sea en la legislación o en la práctica.
En un entorno de comportamientos depredadores, temor y odio, algunos gobiernos han tomado decisiones que han demostrado que, con perseverancia y presión constante, la abolición global está a nuestro alcance.
Las autoridades de Vietnam eliminaron la pena de muerte para ocho delitos, incluyendo el tráfico de drogas, el soborno y la malversación; Gambia la eliminó para homicidio, traición y otros crímenes contra el Estado; además, en un hecho histórico, la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, otorgó el indulto a Rocky Myers: el primer indulto concedido a una persona de raza negra condenada a muerte en el estado.
En Líbano y Nigeria se presentaron propuestas de ley para abolir la pena capital, y el Tribunal Constitucional de Kirguistán declaró como inconstitucionales los intentos de reintroducir la pena de muerte.
