De acuerdo con la información oficial del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, las solicitudes presentadas al cierre del plazo de la regularización extraordinaria ascienden a 1.174.938 peticiones, lo que duplica las expectativas previstas al inicio del proceso que comenzó el pasado 16 de abril.
Aproximadamente, el 10% de las solicitudes, exactamente 161.000 corresponden a la Comunidad Andaluza, lo que sitúa a Andalucía en cuarto lugar, detrás de Catalunya (250.000 solicitudes), Comunidad de Madrid (200.000) y País Valenciá (167.000). Por origen, Colombia es el país con más solicitudes al concentrar el 26% de las mismas, seguido de Marruecos (13,4%), Venezuela (11,7%) y Perú (8,8%).
El cuarto proceso de regularización
Se trata, por tanto, del proceso de regularización más masivo de la historia de España. Durante el gobierno de Aznar se produjeron dos procesos de regulación, uno en 2000 con 264.153 personas que obtuvieron sus papeles y otra un año después, con 239.174 personas regularizadas. Posteriormente, ya con Zapatero en el gobierno, se produjo la mayor regularización, hasta la fecha, con 576.506 migrantes que obtuvieron el permiso de residencia y trabajo.
Tanto Iglesia, sindicatos y patronal, así como numerosos movimientos sociales, han defendido el proceso de regularización extraordinaria como una oportunidad. Así, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha manifestado que «estamos enfrentando un problemón de vacantes muy alto ahora y a futuro en muchos sectores. Necesitamos personal, y necesitamos personal capacitado, así que también se debe hablar de formación”, expresó este martes el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. Solo la oposición de derecha y extrema derecha ha mostrado su desacuerdo con esta regularización excepcional.
Impacto económico
La regularización consolida un motor económico clave. Según Funcas, la incorporación de trabajadores extranjeros explica el 47% del crecimiento acumulado del PIB en España en los últimos años. El Gobierno, a su vez, destaca que mantener un flujo migratorio regularizado es vital para la sostenibilidad económica: sin la fuerza laboral migrante, España perdería un 19% de su PIB para el año 2050.
El proceso va a sacar de la «clandestinidad» a cientos de miles de personas que ya vivían y trabajaban de forma irregular, accediendo a derechos y deberes. Es un éxito, sin duda, de seis años de lucha continuada del movimiento Regularización Ya, que se define como un movimiento auto organizado migrante antirracista. La plataforma logró presentar una iniciativa legislativa popular (ILP) que llegó al Congreso respaldada por más de 611.821 firmas y tomada en consideración para su tratamiento parlamentario por 310 votos a favor procedentes del PP, PSOE, Sumar, Junts, ERC, PNV, Bildu, BNG y Podemos. Vox, por su parte, fue el único partido que votó en contra. Sin embargo, posteriormente, quedó bloqueada.
El proceso extraordinario de regularización fue anunciado en enero, un día antes de su aprobación en Consejo de Ministros, por la eurodiputada Irene Montero en un acto con asociaciones antirracistas en Madrid. Montero, anunció que su partido había llegado a un acuerdo con el PSOE para una regularización excepcional para todas las personas migrantes que estuvieran en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que puedan demostrar al menos cinco meses de residencia continua en el país.
