La formación morada ha presentado alegaciones al proyecto y ha registrado preguntas en el Congreso al considerar que el procedimiento se ha fraccionado para evitar el concurso público y que sus efectos reales alcanzan a toda la provincia de Granada
Podemos Andalucía ha presentado alegaciones formales ante la Autoridad Portuaria de Motril en relación con la solicitud de concesión demanial promovida por la mercantil MDT Port Investments, S.L., para la ocupación de 2.494,55 metros cuadrados de dominio público portuario destinados a una infraestructura de recepción y atención de pasajeros de cruceros internacionales. A su vez, ha registrado, sobre la misma cuestión, preguntas en el Congreso dirigidas al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que preside Óscar Puente.
En comparecencia ante los medios esta mañana, la portavoz de Podemos Andalucía, Alejandra Durán, ha asegurado que pese a presentarse como una simple concesión de uso portuario, el proyecto constituye, en realidad, “la implantación de un modelo turístico con un impacto que excede ampliamente el ámbito del puerto y que afecta directamente a la movilidad de la costa granadina y del interior de la provincia, a la capacidad de acogida de Granada, a la conservación de su patrimonio histórico y natural, y al funcionamiento de las redes estatales de carreteras”.
Rechazamos el proyecto de terminal de cruceros en el Puerto de Motril porque no crea empleo ni riqueza para Motril ni para la provincia de Granada y en cambio si supone daños al patrimonio cultural, natural y medio ambiental.
— Podemos Andalucía (@Podemos_AND) July 8, 2026
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Para Durán, “no se puede obviar que el proyecto tiene consecuencias medio medio ambientales muy grandes, ya que, también afecta a la calidad del aire, al cumplimiento de las zonas de bajas emisiones y en definitiva, al modelo turístico provincial ya que hablamos de miles de pasajeros por escala que van a generar un importante incremento de los desplazamientos y que se van a congestionar los accesos principales al puerto y a los principales ejes de comunicación hacia Granada, Sierra Nevada y la Alpujarra. Además, este modelo supone una mayor presión sobre los servicios públicos”.
Un proyecto rediseñado para evitar el concurso público
Según explica Podemos Andalucía, durante 2024 se impulsó un procedimiento para construir una gran terminal privada de cruceros de unos 60.000 metros cuadrados de superficie terrestre y más de 72.000 metros cuadrados de lámina de agua, con capacidad para 350.000 cruceristas al año y una concesión de hasta 75 años. Aquella iniciativa, que contó con amplia difusión institucional, no llegó a materializarse.
La formación sostiene que el proyecto actualmente en información pública es, en la práctica, una reformulación de aquella actuación, ajustada «al centímetro» para situarse por debajo del umbral de 2.500 metros cuadrados que la Ley de Puertos exige para poder acudir a concurso o trámite de competencia de proyectos. De superar esa superficie, la normativa portuaria obligaría a una convocatoria pública en la que pudieran concurrir distintos proyectos, en lugar de la adjudicación directa a un único solicitante.
Preguntas en el Congreso
En la misma línea se sitúan las preguntas realizadas en el Congreso por la diputada por Granada, Martina Velarde. Velarde ha emplazado a Óscar Puente a responder por escrito a seis cuestiones relevantes sobre el proyecto.
También reclama conocer si el Gobierno “piensa actuar antes de que una decisión administrativa de larga duración comprometa el futuro turístico, patrimonial y urbano de Granada o va a continuar en la inacción, que podría convertir este expediente en una hipoteca para la ciudad y en un precedente irreversible”.
Entre ellas, si el Gobierno piensa “acordar la paralización cautelar del procedimiento de adjudicación o autorización de la terminal privada de cruceros hasta que exista una evaluación integral, pública e independiente de su impacto sobre la ciudad de Granada, la Alhambra, el Albaicín, el centro histórico y los servicios municipales afectados”.
Impacto que desborda las competencias portuarias
Podemos Andalucía subraya que, aunque el expediente se limita formalmente a una parcela de menos de 2.500 metros cuadrados, sus efectos reales alcanzan al conjunto de la provincia de Granada: a su modelo turístico, a su patrimonio histórico y natural -incluida la Alhambra, el Generalife, el Albaicín y el Sacromonte, declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO-, a la movilidad entre la costa y el interior, a la calidad del aire, al cumplimiento de los objetivos de las zonas de bajas emisiones y a la presión sobre unos servicios públicos ya tensionados, especialmente los sanitarios.
La formación calcula que el proyecto permitiría pasar de los aproximadamente 100.000 cruceristas anuales actuales a 350.000, con escalas de entre 3.000 y 4.500 pasajeros cada una, lo que generaría un notable incremento del tráfico en la autovía A-44 y en los principales accesos hacia Granada, Sierra Nevada y la Alpujarra.
Otro de los aspectos controvertidos del proyecto es su vigencia: un horizonte de 50 años ampliables hasta 75 años, que para Velarde “no puede aprobarse sin cláusulas de revisión periódica, límites de capacidad, mecanismos de reversión, control público efectivo y posibilidad real de rescate o modificación si el modelo produce daños sociales, urbanos o patrimoniales”.
Escaso retorno económico y empleo precario
Entre los argumentos de fondo, Podemos Andalucía señala que el turismo de cruceros ofrece un retorno económico muy limitado para el territorio: la mayoría de los pasajeros no pernoctan en la provincia, gran parte de su consumo se realiza a bordo del propio barco en régimen de todo incluido, y las navieras internacionales no suelen tributar en España. El empleo generado, añade la formación, sería además reducido y en muchos casos temporal y precario, mientras los costes de limpieza, mantenimiento y seguridad recaerían sobre el conjunto de la ciudadanía andaluza.
Petición de informes a las administraciones implicadas
Podemos Andalucía reclama que, antes de resolver sobre la concesión, la Autoridad Portuaria de Motril solicite informe a todos los organismos y administraciones con competencias afectadas por el proyecto, entre ellos:
- El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, sobre la capacidad de la A-44, la incidencia en la Red de Carreteras del Estado y la seguridad vial.
- El Ministerio de Cultura, sobre la protección del patrimonio histórico, la incidencia en la Alhambra y la compatibilidad con los compromisos internacionales de España ante la UNESCO.
- El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, sobre sostenibilidad ambiental, emisiones y calidad del aire.
- Puertos del Estado, sobre la integración del proyecto en la planificación portuaria estatal.
- La Junta de Andalucía, a través de las consejerías de Turismo, Cultura, Sostenibilidad y Medio Ambiente, y Fomento y Ordenación del Territorio, así como el Patronato de la Alhambra y Generalife.
La formación recuerda además que el trámite de información pública debe servir también para cumplimentar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental cuando este sea preceptivo, y advierte de que desconoce si se han solicitado y evacuado los informes urbanísticos previstos en la normativa.
«Andalucía no puede seguir siendo tierra de sacrificio»
Finalmente, Durán ha reiterado su rechazo a un modelo de desarrollo que, a su juicio, “prioriza los intereses económicos de unos pocos operadores frente al interés general, y ha reclamado un modelo turístico sostenible, con empleo de calidad, respetuoso con el patrimonio histórico y natural, y que revierta realmente en el bienestar de los andaluces y andaluzas”.
