33 millones de personas estuvieron expuestas en 2025 a unos niveles de contaminación que exceden los nuevos límites aprobados para 2030 por la Unión Europea. Así lo confirma un informe elaborado por Ecologistas en Acción que analiza los datos recogidos en 780 estaciones oficiales de medición instaladas en todo el Estado español, entre ellas las de los principales aeropuertos y puertos estatales. El informe presenta datos exhaustivos de la calidad del aire, desglosados por comunidades autónomas y por sustancias contaminantes.
El número de españoles expuestos a los límites establecidos por la normativa actual en España, considerados «obsoletos, pero todavía vigentes», ascendió a 9,1 millones de individuos, lo que representa el 19% de la población. «Esto muestra el fracaso generalizado de las políticas de la reducción de la contaminación del aire en España, que casi 15 años después de su entrada en vigor han sido incapaces de evitar superar esos límites legales», ha indicado Miguel Ángel Ceballos, coordinador del informe. Si se observan los niveles de contaminación del aire sugeridos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que son «mucho más estrictos», el aire contaminado afectó a la totalidad de la población española en el año anterior. Para llegar a esta conclusión, Ecologistas en Acción ha evaluado los datos obtenidos de 780 estaciones de medición oficiales dispuestas en todo el país, incluyendo las de los principales aeropuertos y puertos del estado. Estas estaciones están organizadas en 132 áreas con calidad de aire uniforme.
Con base en estos datos, la organización ha señalado que las partículas en suspensión (PM10 y PM2,5) y el dióxido de nitrógeno (NO2) continuaron impactando a casi la totalidad de la población el año pasado. A nivel nacional, se superaron los niveles de alerta para PM10 y PM2,5 en 804 y 160 ocasiones, respectivamente. En términos de tipos de contaminantes, se ha observado que la calidad del aire ha mejorado en lo que respecta a las partículas en suspensión y el NO2 gracias a los avances en los vehículos y combustibles en los últimos años, así como por los vientos fuertes y las tormentas «muy frecuentes» que se dieron durante la primavera y el verano pasados, las cuales han disminuido los episodios de polvo en el aire.
Sin embargo, la calidad del aire se deterioró «significativamente» en lo que concierne al ozono. Según la ONG, se registraron los niveles más altos de este contaminante desde el 2015, recuperando las concentraciones de antes de la pandemia de COVID-19. Con el clima caluroso de julio, agosto y septiembre, se reportaron 308 superaciones del umbral informativo, principalmente en la Comunidad de Madrid. «El problema de todos los contaminantes, pero en especial del ozono, es que es un contaminante de fuerte carácter oxidante y provoca un agravamiento de enfermedades respiratorias y cardiovasculares. También afecta a las áreas rurales. Nos encontramos ante un impacto muy extenso», ha expresado Ceballos.
Según el informe, la contaminación del aire en España aumentó en el 2025 debido al cambio climático y al crecimiento de la combustión de petróleo. Específicamente, advierte que el valor extremadamente alto del verano de 2025 contribuyó al incremento en las concentraciones de ozono, sobre todo durante las olas de calor. Además, los incendios forestales de agosto empeoraron la contaminación por partículas.
Además, la quema de petróleo llegó a su punto más alto el año pasado desde el 2011, «impulsada por el mayor consumo de combustibles de aviación y de automoción». En términos generales, la ONG señala que la contaminación del aire es «la primera causa ambiental de muerte». En este contexto, recuerda nuevamente que en el 2023, hasta 24.000 personas en España murieron prematuramente por enfermedades agravadas por la mala calidad del aire, según la Agencia Europea del Medio Ambiente.
Riesgos para la salud
«Los episodios de contaminación son responsables de 62.000 ingresos hospitalarios anuales, según el Instituto de Salud Carlos III. Los costes sanitarios, laborales y productivos de la contaminación alcanzan los 32.000 millones de euros al año, el 2,4 % del Producto Interior Bruto (PIB) español», ha enfatizado la organización.
Por su parte, la coordinadora de Ecologistas en Acción, Carmen Duce, ha enfatizado que los estudiantes están expuestos a altos niveles de NO2, «por encima de los medidos en estaciones oficiales», como se ha evidenciado en las campañas de medición de este contaminante realizadas por la organización en los últimos seis años.
A su juicio, esto pone en duda la ubicación de las estaciones de medición. La organización afirma que tres de cada cuatro están mal situadas y deben ser revisadas. Además, también ha destacado las «dificultades para acceder a la información» sobre este asunto por parte de la población. «El visor estatal de calidad del aire lleva sin funcionar desde el pasado 8 de febrero, al parecer por un ciberataque. Esto nos parece una situación grave y muy seria», ha criticado.
Asimismo, ha expresado su «preocupación» en relación con la «lentitud» en la implementación de la Directiva europea sobre la calidad del aire. En este sentido, Ecologistas en Acción ha solicitado la «urgente» implementación de esta norma, así como la aprobación del Plan Nacional de Ozono. A su vez, la ONG ha señalado que ocho comunidades autónomas «aún no cuentan» con planes autonómicos para reducir este contaminante a pesar de las advertencias del Tribunal Supremo y de los tribunales de Castilla y León, Navarra, Cataluña y Comunidad Valenciana.
Paralelamente, ha criticado que «la mayoría» de las administraciones autonómicas y locales «no hayan creado o adaptado» sus protocolos de actuación ante episodios de contaminación al Protocolo marco del Estado, a pesar de que el plazo legal para hacerlo venció hace tres años y medio. También ha denunciado que «la mitad» de las 153 ciudades que debían establecer Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) «no han cumplido siquiera formalmente esta obligación pese a los abundantes fondos públicos que están recibiendo para su implantación».
Además de eso, la organización no gubernamental ha vuelto a proponer la reducción del uso de vehículos motorizados para mejorar la calidad del aire en las ciudades. También busca fomentar el desplazamiento a pie y en bicicleta, así como el uso de transporte público eléctrico. Al mismo tiempo, ha solicitado impulsar el ahorro de energía, organizar el actual despliegue «desordenado» de energías renovables, adoptar las técnicas industriales más eficientes, disminuir el uso de aviones, establecer Áreas de Control de Emisiones «ambiciosas» en el Mar Mediterráneo y el Atlántico noroeste, y establecer una «moratoria» para las nuevas macrogranjas.
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| Principales conclusiones del informe: • El año 2025 fue húmedo y el tercero más cálido en España desde al menos 1961. El extremado calor estival contribuyó al aumento de las concentraciones de ozono, en especial durante las olas de calor de junio-julio y agosto, pero bajaron los episodios de calima. La ola de incendios forestales de agosto contribuyó a agravar la contaminación por partículas. • La quema de petróleo alcanzó el año pasado su nivel más elevado desde 2011, impulsada por el mayor consumo de combustibles de aviación y de automoción. Si bien el uso de gas se mantuvo un 17 % por debajo del de 2019 y las fuentes renovables cubrieron el 57 % de la demanda eléctrica, limitando las emisiones de las centrales térmicas. • Durante 2025 la calidad del aire en España mejoró ligeramente con relación a las partículas en suspensión (PM10 y PM2,5) y el dióxido de nitrógeno (NO2), pero empeoró sustancialmente respecto al ozono, alcanzando los niveles más altos de este contaminante desde 2015 y recuperando las concentraciones previas a la pandemia de la COVID-19. • El informe toma como referencia los nuevos valores límite de la Directiva 2024/2881, que deberán alcanzarse antes de 2030, de acuerdo a los cuales el aire contaminado afectó en 2025 a dos tercios de la población española, lo que expresa la magnitud del reto a asumir por las administraciones en los próximos tres años para alinearse con la nueva legislación. • Considerando la normativa vigente, la población que respiró aire contaminado por encima de los obsoletos límites legales actuales fue de todavía 9 millones de personas, la quinta parte de la total, tras quince años de su entrada en vigor, en Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y el interior de Cataluña, Jaén y Murcia. Y la superficie expuesta a niveles de contaminación que dañan la vegetación alcanzó 84.000 km2, una sexta parte del territorio. • Si se tienen en cuenta los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), mucho más estrictos que los límites legales vigentes y nuevos, y el objetivo a largo plazo para proteger la vegetación de la Unión Europea, el aire contaminado afectó en 2025 a toda la población española y a 430.000 kilómetros cuadrados, el 85 % del territorio. • Las partículas (PM10 y PM2,5) y el dióxido de nitrógeno (NO2) siguieron afectando a la práctica totalidad de la población española, registrándose en todo el Estado 804 y 160 superaciones de los umbrales de alerta de PM10 y PM2,5, respectivamente. Aunque Barcelona y Madrid cumplieron el obsoleto límite legal anual del NO2, las principales áreas urbanas españolas excedieron el nuevo valor límite anual a alcanzar antes de 2030. • El ozono sigue siendo el contaminante que presenta una mayor extensión y el más estrechamente ligado al cambio climático, batiendo su récord histórico en la ciudad de Madrid. Coincidiendo con las olas de calor de junio-julio y agosto, en 2025 se produjeron 308 superaciones del umbral de información, concentradas en la Comunidad de Madrid, así como cuatro superaciones del umbral de alerta, en Puertollano y el Camp de Tarragona. Principal causa de muerte • La contaminación del aire es la primera causa ambiental de muerte. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, en 2023 fallecieron prematuramente hasta 24.000 personas en el Estado español por enfermedades agravadas por la mala calidad del aire. Los episodios de contaminación son responsables de 62.000 ingresos hospitalarios anuales, según el Instituto de Salud Carlos III. Los costes sanitarios, laborales y productivos de la contaminación alcanzan 32.000 millones de euros al año, el 2,4 % del PIB español. • Ecologistas en Acción ha realizado entre 2020 y 2026 diversas campañas de medición de NO2 en los accesos a algunos de los centros escolares con más tráfico motorizado de medio centenar de ciudades, resultando que la población infantil está expuesta a niveles muy elevados de contaminación, por encima de los registrados en las estaciones oficiales de control de la calidad del aire en cada ciudad. Lo que además cuestiona su ubicación, por lo que la organización ambiental pide su revisión para las estaciones urbanas de tráfico. • La información a la ciudadanía por las administraciones públicas no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema. El visor estatal de calidad del aire lleva sin funcionar desde el pasado 8 de febrero, por un hackeo que el Gobierno no termina de solucionar. • Ecologistas en Acción pide al Gobierno la urgente transposición de la Directiva europea de calidad del aire, así como la aprobación del Plan Nacional de Ozono, tras cinco años de estudios científicos preparatorios, mientras ocho comunidades carecen aún de planes autonómicos para reducir este contaminante, pese a las condenas recibidas del Tribunal Supremo y los tribunales de Castilla y León, Navarra, Cataluña y Comunitat Valenciana. • La mayor parte de las administraciones autonómicas y locales no han elaborado o adaptado al Protocolo marco del Estado sus protocolos de actuación frente a los episodios de contaminación, pese a haber vencido hace tres años y medio el plazo legal para ello. El Gobierno tramita una elevación sustancial de los actuales umbrales de información y alerta para las partículas, que comportaría una injustificada regresión ambiental y sanitaria. • La única forma de mejorar la calidad del aire en las ciudades es disminuir el tráfico motorizado, potenciando la movilidad activa peatonal y ciclista y el transporte público eléctrico. También es necesario promover el ahorro energético, ordenar el actual despliegue caótico de las energías renovables, adoptar las mejores técnicas industriales disponibles, reducir el uso del avión, acordar Áreas de Control de Emisiones ambiciosas para el Mar Mediterráneo y el Atlántico Noreste, y una moratoria para las nuevas macrogranjas. • Vencido hace tres años y medio el plazo para que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes establezcan zonas de bajas emisiones, para mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático, la mitad de ellas no han cumplido siquiera formalmente esta obligación. pese a los abundantes fondos públicos que están recibiendo para su implantación. |
