Las organizaciones agrarias de Andalucía lamentan que, tras casi 30 años de negociación, se haya alcanzado un acuerdo comercial entre los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) y la Unión Europea (UE) de espalda a los intereses de agricultores, ganaderos e industrias cooperativas andaluzas.
Mientras que las protestas del sector se mantienen tanto en Europa como en España como rechazo a dicho acuerdo, la mayoría de los países del continente -con la excepción de Francia, Hungría, Austria, Irlanda y Polonia, y la abstención de Bélgica- votaban a favor de este tratado comercial, el más grande del mundo al abarcar el 20% del PIB mundial. Una negociación que comenzó en 1999, en un contexto geopolítico completamente distinto, y que ha finalizado recientemente, tras el voto favorable en el Consejo el pasado viernes, 9 de enero.
En materia agraria, la UE tiene un balance comercial negativo con Mercosur (es decir, importa más que exporta). Así, en 2018, la UE exportó productos agrarios a Mercosur por valor de 2.289 millones de euros (el 5,1% del total), mientras que Mercosur exportó a Europa 18.205 millones de euros, es decir, el 49% de sus exportaciones totales de productos.
Ahora, con el nuevo tratado y la liberalización de los aranceles, “el sector tiene que hacer frente a otra zancadilla más, como la apertura de puertas a alimentos con productos que llevan años prohibidos en la Unión Europea, provocando una competencia desleal, creando desconfianza en los consumidores, quienes tendrán que elegir entre alimentos producidos a costes muy distintos, haciendo menos competitiva la agricultura y la ganadería andaluzas y poniendo en riesgo muchas explotaciones que ya están al límite”, señala el director general de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Jaime Martínez-Conradi. A este respecto, aclara que “las cooperativas somos eminentemente exportadoras, por tanto, no nos negamos a que lleguen productos de otros orígenes. Pero sí exigimos que cumplan la estricta normativa ambiental, social y laboral que cumplimos los productores de la UE”.
Entre estos productos agroalimentarios más exportados por los países del bloque sudamericano, destacan la carne de vacuno, carne de ave, carne de cerdo, arroz, zumo de naranja, soja, huevos, remolacha, miel, azúcar y ajos. Productos a los que se les pone una alfombra roja y que, por sus ventajas competitivas, hundirán los precios de las producciones españolas y andaluzas y las desplazarán del mercado.
Además, el acuerdo no es equitativo, según valora la federación andaluza, ya que otorga más ventajas a los productores del Mercosur. Entre ellas, se concede a los productores del bloque sudamericano una cuota de 60.000 toneladas de arroz libre de aranceles; de 99.000 toneladas de carne de vacuno, entre fresca y congelada; se liberaliza el zumo de naranja en un periodo de siete años -actualmente la UE ya importa el 90% del zumo de Brasil-; y se permitirá la entrada de 45.000 toneladas de miel ó 180.000 toneladas de azúcar al 0% de arancel.
Por el contrario, para el aceite de oliva español, el acuerdo contempla la eliminación de aranceles de forma progresiva en 15 años (actualmente tiene un arancel del 10%) y en el caso de las dos principales partidas de aceitunas de mesa españolas más exportadas a Mercosur no se libran de pagar aranceles y seguirán grabadas. Al igual ocurre con el vino a granel. Por tanto, “aunque aún se desconoce mucha letra pequeña, a priori, no vemos motivos para celebrar el acuerdo ni para defenderlo en los términos que sostiene la Comisión Europea y que han llevado a España a votar favorablemente”, señala el director general.
Por todo ello, las Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía “no ven favorable el acuerdo” y lamentan “que el sector agrario vuelva a ser moneda de cambio para la UE”, ya que su principal ventaja será “la del acceso a materiales denominados ‘raros’, esenciales para la transición ecológica y para avanzar en la fabricación de los coches eléctricos, las placas solares, etc., donde Mercosur es un gran productor mundial”, explica el director general de la organización. En este sentido, denuncia que “se dé prioridad a la industria automovilística frente a la soberanía alimentaria europea, cada vez más desprotegida y menospreciada”.
Por su parte, tanto COAG como ASAJA se han opuesto a este acuerdo preliminar. Ambas entidades profesionales del sector agrario consideran que el acuerdo amenaza la soberanía alimentaria, la protección de los consumidores y la viabilidad de la agricultura en Europa. Desde ASAJA, se enfatiza la cuestión de la reciprocidad, recordando que «en Europa se exigen normas muy estrictas en sanidad, sostenibilidad, bienestar animal o fitosanitarios… exigencias que deben aplicarse en la misma medida a los productos que llegan de fuera, si no, estamos hablando de competencia desleal». Para COAG Andalucía, el acuerdo «es un engaño que pone en peligro la alimentación de los europeos». COAG pide al Gobierno que preste atención a lo que sucedió en Francia, donde su gobierno ha respondido a las demandas de los agricultores e insisten en que el engaño no tiene un trasfondo económico, sino estratégico, ya que la Unión Europea está cediendo al comercio global de alimentos.
