Un estudio reciente realizado por Greenpeace revela que un pequeño grupo de empresas y beneficiarios se queda con una porción excesiva del dinero asignado a la Política Agrícola Común (PAC). En este contexto, agricultores europeos han manifestado su descontento en las calles de Estrasburgo, exigiendo una distribución más justa y equitativa de estas ayudas.
En el contexto de la discusión sobre el Marco Financiero Plurianual y la nueva PAC, Greenpeace propone eliminar de forma gradual los pagos directos por hectárea. La organización sugiere dar prioridad al apoyo de aquellas explotaciones que generen un mayor valor social y ecológico, así como establecer escalas decrecientes y techos máximos en las subvenciones.
El informe señala que una pequeña proporción de grandes terratenientes y agricultores industriales recibe la mayor parte de las subvenciones europeas. De hecho, en varios países, el 1% de los beneficiarios más ricos obtiene hasta el 40% de la suma total asignada.
Mientras tanto, los agricultores se manifiestan en Estrasburgo demandando cambios significativos. El estudio titulado «¿Quién se lleva el dinero de la PAC? » pone de manifiesto que los sectores más pudientes de Europa están recibiendo grandes cantidades de dinero público, afectando a seis naciones: República Checa, Dinamarca, Alemania, Italia, Países Bajos y España.
La situación en España
En España, los datos son igualmente alarmantes. El 1% de los beneficiarios concentra el 28% del total de las ayudas, mientras que el 10% se lleva nada menos que el 62%. Además, el 20% más favorecido acumula alrededor del 79% de los fondos disponibles. Esto pone de relieve una distribución muy desigual de las ayudas de la PAC.
En cuanto a los pagos directos destinados a asegurar los ingresos agrícolas, el 20% de los beneficiarios más destacados recibe el 74% del dinero. Este grupo también controla el 75% de la superficie agrícola del país. Helena Moreno, responsable de campañas en Greenpeace España, enfatiza que aunque la PAC ha ayudado a mejorar los ingresos de los agricultores, «favorece desproporcionadamente a terratenientes y grandes actores no agrícolas», lo que promueve un modelo industrial perjudicial tanto para el medio ambiente como para las pequeñas explotaciones.
Las pequeñas explotaciones se enfrentan a la necesidad de expandirse o cerrar. Entre 2007 y 2021, cerca del 36% de estas pequeñas unidades dejaron de operar, a pesar de ser clave para la agricultura en España, representando más del 60% del total.
La PAC conforma aproximadamente un tercio del presupuesto global de la UE. Sin embargo, su concentración ha provocado una preocupante disminución de pequeñas explotaciones en Europa: dos millones han cerrado o aumentado su tamaño (44%). Este fenómeno ha llevado a una creciente industrialización y concentración en el sector agrícola.
Los gobiernos de Europa se encuentran en medio de conversaciones acerca del próximo presupuesto de la comunidad, el cual abarca importantes ayudas agrícolas. Greenpeace pide que se vayan eliminando de manera gradual los pagos directos que dependen de la superficie de las tierras, además de que se dé prioridad al apoyo a las granjas que tienen un gran valor ecológico y social. También solicita que se destine al menos la mitad del presupuesto a proyectos relacionados con el clima antes de que termine el actual periodo de programación.
Estas recomendaciones se alinean con lo que se ha discutido en el Diálogo Estratégico sobre el Futuro de la Agricultura, un espacio promovido por la Comisión Europea que pretende reunir diferentes enfoques sobre los sistemas de alimentación y agricultura dentro de la Unión Europea.
