El Parlament de las Islas Baleares ha decidido abolir la Ley de Memoria Democrática, una propuesta de Vox que ha recibido el apoyo del Partido Popular (PP) y ha sido rechazada por todos los partidos de izquierda en la cámara legislativa. Este hecho representa un avance importante para Vox, que ha logrado cumplir uno de sus objetivos esenciales en esta legislatura, aunque el PP había brindado su apoyo parcial a la ley en 2018, cuando estaba bajo la dirección del gobierno socialista de Francina Armengol.
La presidenta de la asociación Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, manifestó su gran descontento al calificar la revocación de esta ley como “un acto muy grave en democracia y doloroso”, indicando que se están eliminando derechos humanos fundamentales. El debate en el Parlamento fue tenso, con representantes políticos recordando constantemente a las víctimas de ambos lados, tanto del republicano como del franquista.
La diputada del PP, Cristina Gil, argumentó que la ley de memoria de Baleares no tiene como objetivo unir la sociedad, sino más bien dividirla y “reescribir la historia”.
Iago Negueruela, portavoz del PSOE, criticó al PP por romper un acuerdo previo con la oposición para preservar esta ley. “Si una presidenta no tiene palabra, no merece estar aquí”, declaró refiriéndose a Marga Prohens. Desde Més per Menorca, Joana Gomila expresó su tristeza porque el Govern del PP no tiene convicciones al derogar una ley que antes apoyaron. Por otro lado, Lluís Apesteguia, portavoz de Més per Mallorca, afirmó que “tarde o temprano esta ley se recuperará».
Fuera del Parlamento, alrededor de cien personas se reunieron para mostrar su desacuerdo con esta derogación. Presentaron imágenes de mujeres que fueron asesinadas o sometidas a tortura durante el régimen de Franco, como Aurora Picornell y otras víctimas reconocidas.
Todavía no se sabe qué medidas específicas tomará el Govern tras esta derogación. El vocero del PP en el Parlamento, Sebastià Sagreras, afirmó que “en Baleares seguirá vigente la Ley de Fosas aprobada en 2016”, lo que permitirá seguir con algunas iniciativas relacionadas con la memoria histórica, tales como exhumaciones y la búsqueda de fosas. Sin embargo, estas acciones no contarán con el respaldo más amplio que ofrecía la Ley de Memoria.
Además, se espera que se anulen políticas específicas para la promoción y enseñanza de la democracia que había establecido la CAIB y que la condena al franquismo por parte del Parlament balear se vea reducida. Esto podría provocar una disminución considerable de los recursos destinados a programas educativos y actividades simbólicas que antes eran requeridas por la ley balear.
Este asunto ya estuvo lleno de polémicas desde su comienzo. En junio, durante una sesión en la que se debatía su consideración, el presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox), destrozó una imagen de militantes comunistas que fueron asesinadas durante el franquismo. Este acto llevó a que un juez ordenara un juicio oral contra Le Senne por un delito asociado al odio político; él siempre ha defendido su inocencia en relación con las afirmaciones en su contra.
Durante el debate de esta derogación, el diputado de Vox, Sergio Rodríguez, presentó un listado de personas asesinadas antes y durante la Guerra Civil por el bando republicano, argumentando que muchas calles que fueron renombradas tras la implementación de las leyes de memoria no estaban asociadas con el golpe de estado franquista de 1936.
