USTEA, junto a la Organización Sindical Docente Estatal (STES), ha dado a conocer los resultados correspondientes a Andalucía del macroestudio estatal sobre las causas del malestar docente. Un trabajo que pone de manifiesto el progresivo deterioro del clima de convivencia y de las condiciones laborales en los centros educativos públicos andaluces. Con ello, denuncian que más del 85,23 % del profesorado andaluzde enseñanzas públicas no universitarias valora el clima de trabajo en el aula como “conflictivo”. Esto supone estar casi dos puntos y medio por encima del dato estatal.
Otro dato reseñable del estudio es que el 89,02 % de las y los docentes considera que desde la Administración andaluza no se está apostando por la educación pública. En este sentido Fran Fernández, portavoz de USTEA, ha mencionado que los datos facilitados en el estudio dejan muy mal parada la “educación pública en Andalucía”. A esto ha añadido que esta situación es reflejo de que a “la Junta no le interesa ni apuesta por una educación pública”.
Otro de los datos que ha destacado Fernández ha sido el relacionado con las ratios. Y es que “el 92,90 % de las y los docentes en Andalucía considera que las ratios actuales no permiten atender adecuadamente al alumnado”. Este dato supera la ya muy elevada media estatal, situada en el 91,83 %.
En este contexto, este jueves la Junta de Andalucía ha anunciado que entra en vigor mañana viernes la orden que permite reducir la ratio de alumnado a partir del próximo curso. La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional determinará las plazas, “en cada curso escolar” y de cara al procedimiento de admisión, multiplicando el número de unidades en el caso de los centros públicos.
Además, la sobrecarga a causa de procesos burocráticos es otro de los aspectos que se han analizado en el estudio. Se ha concluido que el 82,57 % del profesorado andaluz afirma sufrir un exceso de jornada laboral. Igualmente, el 95,88% considera que existe un exceso de burocracia, que le quita tiempo a la labor docente y al trabajo educativo directo con el alumnado, una percepción prácticamente idéntica a la del conjunto del Estado, donde el 95,74 % del profesorado denuncia una “burocracia asfixiante”.
