La iniciativa del Gobierno central para modificar el sistema de financiación autonómica implicaría una mejora en los recursos que Andalucía recibe, aunque no solucionaría completamente su histórica situación de desventaja en términos de financiación por habitante ajustado. Esto se deduce del primer estudio realizado por el economista de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, quien simula el efecto del nuevo modelo utilizando los datos de 2023.
De acuerdo con estos cálculos, Andalucía incrementaría su financiación en aproximadamente 367 euros más por habitante ajustado, lo que aumentaría su financiación efectiva a 3. 588 euros, gracias a una inyección de fondos en el sistema que el Ministerio de Hacienda estima en alrededor de 21. 000 millones de euros a partir de 2027. En términos absolutos, Andalucía sería uno de los principales beneficiarios de estos recursos adicionales, lo cual se alinea con su gran población y su limitada capacidad fiscal.
Esa cifra (3. 588 euros) es 143 euros menos que la media nacional, que se sitúa en 3. 731 euros por habitante. Fuentes del Gobierno andaluz señalaron ayer que esa cantidad sería 389 euros inferior por habitante en comparación con el promedio que recibiría un catalán (3. 977).
Al examinar la situación de Andalucía en comparación con otras comunidades autónomas, el informe de Fedea concluye que la mejora para Andalucía es restringida. El índice de financiación por habitante ajustado pasaría del 95,0 al 96,2, una cifra que sigue siendo inferior a la media nacional, que está establecida en 100. Esto representa un aumento de solo 1,2 puntos, lo cual es un avance modesto en comparación con otras comunidades autónomas que también están mejorando su posición o que, partiendo de cifras más altas, siguen claramente por encima de la media del país.
En el análisis del indicador mencionado anteriormente, relativo a la distribución de recursos, Andalucía, con un valor de 96,2 bajo la nueva propuesta, se posicionaría entre las seis comunidades autónomas que mejoran junto a Murcia (94,8), Valencia (97,8), Madrid (101,5), Cataluña (106,6) y Baleares (112,5). Además de Madrid, Cataluña y Baleares, hay otras tres comunidades autónomas que, aunque se benefician menos del modelo propuesto, aún permanecerían por encima de la media: La Rioja (pasaría de 110,4 a 100,3), Cantabria (de 116,8 a 106,2) y Canarias (de 110,1 a 106,8).
El nuevo modelo se basa en dos grandes métodos de redistribución —nivelación horizontal y vertical— que resultarían ventajosos para Andalucía. A través de estos dos mecanismos de reequilibrio, la comunidad andaluza recibiría más de 7. 000 millones de euros en transferencias, lo que reafirma su condición de receptora neta del sistema. Sin embargo, otros instrumentos introducidos por la reforma tienen un impacto neutro o son perjudiciales para los intereses de Andalucía.
Es el caso del sistema del IVA en relación con las pequeñas y medianas empresas, un nuevo criterio que destina recursos extra a las localidades donde la recaudación de este impuesto indirecto de las Pymes es superior al consumo. En este contexto, Andalucía no se beneficia de este reparto, a diferencia de regiones como Cataluña, Valencia o Madrid, lo cual restringe su avance comparativo. Una situación similar se presenta con el ajuste por “costes fijos” en el cálculo de la población ajustada, que está hecho de tal manera que principalmente beneficia a comunidades más pequeñas.
Por otro lado, Andalucía podría recibir ventajas del Fondo Climático, que cuenta con más de 1. 000 millones de euros, recibiendo 234 millones de euros por ser una comunidad mediterránea. Sin embargo, el informe de Fedea pone en duda la naturaleza de este nuevo fondo, sugiriendo que está poco relacionado con políticas climáticas efectivas y parece estar más orientado a una posible distribución arbitraria de los recursos.
