CÓRDOBA I Podemos respalda las movilizaciones contra la ampliación de El Cabril y exige transparencia

> La portavoz Alejandra Durán reclama un modelo energético basado en renovables y alerta de la investigación judicial abierta a la presidenta de Enresa

Podemos Andalucía ha reiterado su rechazo a la ampliación del centro de almacenamiento de residuos radiactivos de El Cabril, en Hornachuelos (Córdoba), y ha mostrado su respaldo a las movilizaciones vecinales y ecologistas que se están produciendo en distintos municipios del entorno.

La portavoz de la formación morada en Andalucía, Alejandra Durán, ha explicado que estas movilizaciones reclaman transparencia, participación y, sobre todo, garantías ambientales”, y ha advertido de que “Andalucía no puede seguir siendo una tierra de sacrificio” ante las decisiones que, a su juicio, están adoptando tanto el Gobierno central como el Gobierno autonómico que preside Moreno Bonilla.

Durán ha subrayado que no se puede trasladar decisiones estratégicas sin contar con los andaluces y andaluzas ni con sus instituciones locales”, ya que la gestión de los residuos radiactivos debe abordarse con el máximo rigor, la máxima transparencia y la máxima participación pública. En este sentido, ha insistido en que cualquier decisión debe pasar por conocer previamente los impactos ambientales y territoriales, y debe garantizar el pleno respeto a la seguridad de los vecinos, al medio ambiente y a la voluntad de los municipios afectados.

Un modelo energético basado en renovables

Desde Podemos Andalucía se defiende un modelo energético basado en las energías renovables y en una transición ecológica justa, en la que Andalucía “deje de asumir de forma desproporcionada infraestructuras de alto impacto ambiental sin el consenso de sus territorios”. Por ello, la formación ha hecho un llamamiento al Gobierno central y a la Junta de Andalucía para que se abra un proceso de diálogo real con los ayuntamientos, las organizaciones sociales y los colectivos ecologistas del territorio antes de continuar con el proyecto.

La portavoz ha añadido que Podemos Andalucía seguirá utilizando “todas las herramientas institucionales y de movilización” para defender los intereses del territorio, proteger el medio ambiente y evitar que Andalucía se convierta en un territorio de sacrificio.

Investigación judicial a la presidenta de Enresa

Durán también se ha referido a la información difundida estos días por la Agencia EFE, según la cual la presidenta de la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (Enresa), y consejera del PSOE en la Junta de Extremadura, ha sido citada como investigada por un presunto delito de prevaricación.

La portavoz de Podemos Andalucía ha querido dejar claro que, sin prejuzgar el resultado del procedimiento judicial y respetando plenamente la presunción de inocencia, esta situación “hace aún más necesario extremar la transparencia, el control y la rendición de cuentas” en decisiones de tanto calado como la gestión de los residuos radioactivos y la ampliación de El Cabril.

Reacciones en los municipios cercanos

En la misma línea se ha manifestado el concejal morado en Córdoba, Iván Fernández, que ha alertado de que trata de “un modelo de gestión de residuos nucleares que concentra los impactos ambientales y sociales sobre nuestra provincia, sin contar con el consenso de la ciudadanía ni ofrecer garantías suficientes sobre sus consecuencias a largo plazo”.


Para Fernández, “la provincia de Córdoba no puede seguir asumiendo esta carga que condiciona su desarrollo económico, turístico y medioambiental. Hay que transitar hacia una planificación responsable del cierre del ciclo nuclear, sin convertir nuestro territorio en el destino permanente de nuevos residuos radiactivos”

Raquel Pérez y Alejandra Durán en Las Navas durante la pasada campaña electoral

Finalmente, la también concejala en Navas de la Concepción, municipio cercano al cementerio nuclear, Raquel Pérez, la cuál ha participado en las movilizaciones, ha exigido “la paralización del proyecto de ampliación, la apertura de un proceso de información y participación pública transparente y el diálogo con los municipios afectados, las organizaciones sociales y los colectivos ecologistas”.